La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la recolección de material probatorio para esclarecer los señalamientos relacionados con el nombramiento de interventores en el sector salud, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en ese proceso.
La solicitud fue presentada mediante una carta enviada a la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su apoderada, la abogada Lina Sandoval. En el documento se reitera la petición de recaudar evidencias relacionadas con los nombramientos de interventores que asumieron el control de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que posteriormente fueron señalados por presunto manejo irregular de recursos.
Este pronunciamiento se produce luego de que el presidente Petro afirmara públicamente que se habrían entregado hojas de vida de interventores sin su autorización, situación que —según el mandatario— generó confusión en la Superintendencia Nacional de Salud durante el proceso de intervención.
En la comunicación dirigida a la Fiscalía, la defensa de Sarabia solicitó que se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del despacho presidencial correspondientes al 30 de octubre de 2024. De acuerdo con la carta, ese día ingresaron al despacho del presidente el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y otros funcionarios, con el fin de explicar el origen de las hojas de vida cuestionadas.
Asimismo, la defensa pidió que se reciba declaración del presidente de la República para establecer con precisión quién suministró la información relacionada con la designación de los interventores y bajo qué circunstancias se produjo dicha entrega.
La solicitud hace parte de las actuaciones derivadas de la denuncia por violencia de género presentada previamente por la hoy embajadora ante las autoridades competentes. En el escrito, la defensa también adjuntó capturas de conversaciones de WhatsApp y sostuvo que los señalamientos públicos en contra de Sarabia corresponderían a presuntos patrones de desinformación, entre ellos los vinculados al sector salud.
Adicionalmente, fue aportada una circular emitida el 5 de agosto de 2024, en la cual Sarabia habría dejado constancia de que ninguna persona estaba autorizada para transmitir instrucciones o decisiones en su nombre.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre nuevas determinaciones relacionadas con esta solicitud ni sobre eventuales citaciones dentro del proceso.
