El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, anunció esta semana que los tiempos para la expedición de las licencias no se modificarán con el nuevo decreto. Sin embargo, el tema sigue generando controversias entre los ambientalistas y los gremios minero-energéticos y de la construcción.
El gobierno echó para atrás su idea de recortar el tiempo para las licencias ambientales. Este trámite, para muchos desconocido, es fundamental para el desarrollo del país.
Si hay un tema que ha demostrado qué tan complejo es el debate del desarrollo versus la conservación de los recursos naturales es el de las licencias ambientales exprés. La sola propuesta del gobierno de minimizar sus tiempos y requisitos levantó voces a favor y en contra. Y ahora el anuncio del ministro de Ambiente de un nuevo decreto parece que va a armar otro debate igual.
Cuando el ministro Gabriel Vallejo expuso por primera vez la idea de recortar los tiempos de trámite de las licencias hubo rayos y centellas. Los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López lo rechazaron de tajo e incluso anunciaron demandas. Los ambientalistas, encabezados por el exministro Manuel Rodríguez, cerraron filas para tumbarlo y la sociedad de ingenieros lo calificó de inconveniente y antitécnico.
Pero no todos estaban descontentos. La Agencia Nacional de Infraestructura, por el contrario, celebró la medida y anunció que si no pasaba no tenía cómo comprometerse a entregar el paquete de obras que vienen. Y los petroleros vieron en ella la única solución posible para cumplir la meta del millón de barriles que les ha sido esquiva en los últimos años.
Por eso, cuando el propio Vallejo anunció que iba a mantener los tiempos de las licencias también causó revuelo nacional. El jefe de la cartera verde anunció esta semana que había eliminado el exprés de su propuesta. Pero eso no fue todo. También desaparecieron tres puntos que preocupaban a los ambientalistas. El primero consistía en dejar de exigir licencia ambiental a las calzadas adicionales y a los túneles adosados, es decir a las obras que se construyen al lado de otras que ya existen. El segundo eliminaba las licencias de mejoramiento de infraestructura en áreas protegidas, como páramos y humedales. Y el tercero, que para hacer fracking se necesitará licencia.
El debate sobre las licencias ambientales es más importante de lo que parece. “Para nadie es un secreto que su funcionamiento está en una crisis crónica y no es buena idea que siga así. Al menos se abrió el debate”, afirma el experto ambientalista Carlos Lozano-Acosta. En últimas los proyectos de minería, hidrocarburos o infraestructura necesitan la licencia para funcionar y a su vez esta es la única protección para que no arrasen con la naturaleza. Eso, en un país como Colombia, el segundo más biodiverso del mundo, no es de poca monta.
Pero por otro lado, las licencias también se han convertido en un cuello de botella innecesario para muchos proyectos que el país necesita. Apenas se creó la Autoridad de Licencias Ambientales, hace más de tres años, el gremio petrolero se quejaba pues esperaban más de los tiempos de ley para tener un permiso. La razón no tenía que ver tanto con la complejidad de sus proyectos sino con que esa oficina contaba apenas con tres técnicos que tenían que compartir el mismo computador y simplemente no daban abasto.
Esa situación mejoró pero dejó en evidencia que la institucionalidad ambiental es precaria frente a los desafíos económicos del país. Hoy, según la Asociación Colombiana del Petróleo, hay 113 licencias ambientales en trámite, muchas de las cuales llevan más de 14 meses en espera. Dicen que con solo ocho que les aprueben llegarían a la meta del millón de barriles.
Algo similar pasa con la infraestructura, punta de lanza de la competitividad del país. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, por esa oficina de licencias tendrán que pasar las llamadas concesiones de cuarta generación que comprenden 40 proyectos estructurales por un costo cercano a los 47 billones de pesos. Si no se reforman las licencias, no creen que sea posible cumplir las metas de Colombia en ese frente.
Por esta razón, muchos dicen que el Ministerio de Ambiente puede ser el potro más difícil de montar en este gobierno. Cualquier decisión que tome Gabriel Vallejo dejará a muchos felices, pero también a muchos descontentos. Por el momento es evidente que su cartera está escuchando el clamor de varios sectores de la sociedad que piden que el ambiente ocupe un lugar importante en la agenda de desarrollo del gobierno nacional.
Artículo publicado originalmente en la Revista Semana
