En comunicado oficial, el Grupo EPM anunció que mientras dure la emergencia sanitaria no se harán suspensiones de los servicios a los sectores residencial y comercial que estén en mora; no se aplicará el ajuste en las tarifas de acueducto y alcantarillado que había anunciado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en febrero anterior y se habilitarán los servicios de acueducto, energía eléctrica y gas natural a las familias que los tenían suspendidos por falta de pago.
Igualmente, no se cobrará a los clientes residenciales los intereses de mora originados en el no pago o pago inoportuno de los servicios públicos generados en el período indicado, y hasta por un mes después de levantarse el aislamiento preventivo obligatorio.
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El Grupo también emitirá alternativas de financiación con condiciones especiales (plazos y tasas) para clientes residenciales de todos los estratos, clientes industriales, comerciales y del sector oficial.
En cuanto a la tarifa de energía, el comunicado anota que a mediados de febrero pasado, antes de que se conocieran las implicaciones y se dictarán las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país, se publicó la tarifa del servicio de energía eléctrica que aplicó a los consumos de marzo de 2020, que los usuarios de las diferentes compañías del Grupo comienzan a ver reflejada en su factura.
Esta tarifa estuvo impactada para algunos clientes principalmente por dos situaciones: La fuerte ola de calor presentada en Colombia a finales de 2019 y comienzos de este año que incidió en los precios de la energía en bolsa en el país y por una modificación que hicieron las autoridades en el componente de distribución de energía, que aplica para las empresas del Grupo EPM, según lo anunciado por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG).
Todas estas determinaciones implican un esfuerzo económico importante para el Grupo EPM. Por ello, la Compañía hace un llamado a quienes pueden pagar su factura de manera oportuna para que lo realicen, con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos con calidad, continuidad y cobertura para todos.
