El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que su Gobierno destinó $10.000 millones de recursos públicos para la contratación de una firma de abogados en Estados Unidos, con el fin de asumir su defensa jurídica y la de su esposa, Verónica Alcocer, ante las autoridades estadounidenses.
La contratación busca asesorar al mandatario en el proceso para salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton, mecanismo mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos impone sanciones financieras.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado defendió el gasto y aseguró que la contratación responde a acciones adelantadas por sectores de la oposición en territorio estadounidense.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles”, escribió el mandatario.
El contrato fue suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma internacional Amadeus Consultancy Limited, mediante la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con la información oficial, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 fue firmado el 9 de enero de 2026, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del mismo año, por un valor cercano a los $10.000 millones.
La contratación generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales. Tras las denuncias públicas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si el proceso cumplió con los principios de legalidad, necesidad y transparencia exigidos por la normativa de contratación estatal.
La representante a la Cámara Katherine Miranda, quien interpuso la denuncia, señaló que el servicio jurídico habría sido presentado inicialmente como gratuito por parte del abogado defensor, pero terminó convirtiéndose en un contrato millonario financiado con recursos públicos.
Desde la oposición, diversas figuras políticas cuestionaron el uso de dineros del Estado para una defensa de carácter personal, mientras el Gobierno insiste en que se trata de una actuación necesaria para proteger la institucionalidad presidencial.
