En una nueva ofensiva contra el modelo actual de seguridad social, el presidente Gustavo Petro anunció este jueves que llevará al Congreso una iniciativa legislativa para eliminar el “velo corporativo” de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Durante el Encuentro Nacional de Salud en Bogotá, el mandatario fue enfático al solicitar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que, a partir del inicio de las sesiones en marzo de 2026, se tramite una ley que obligue a los dueños y accionistas de estas entidades a responder con su patrimonio personal por los pasivos acumulados con el sistema. Según el jefe de Estado, esta medida busca evitar que las deudas queden en el aire tras procesos de liquidación y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los prestadores del servicio.
La magnitud del hueco fiscal que motiva esta propuesta es histórica. Cifras del Ministerio de Salud revelan que la deuda de las EPS con clínicas, hospitales y laboratorios alcanzó los 32,9 billones de pesos a mediados de 2025. El Gobierno argumenta que el modelo de intermediación financiera ha fracasado, permitiendo que el flujo de recursos se detenga en las administradoras mientras los proveedores de servicios (IPS) enfrentan el colapso. Petro defendió su decisión de no liquidar más entidades hasta el momento, argumentando que mantenerlas operativas permite tener un soporte contable claro de las deudas y, con la nueva ley, perseguir los activos de sus propietarios para sanear las cuentas del sistema.
Este anuncio se da en un clima de alta tensión política, pues la reforma a la salud original de Petro no ha logrado el consenso necesario para su aprobación definitiva en casi cuatro años de mandato. Ante este estancamiento, el presidente no solo apostó por este nuevo proyecto de ley patrimonial, sino que instó al ministro Jaramillo a organizar movilizaciones sociales para presionar al Legislativo. Con las elecciones presidenciales de mayo de 2026 en el horizonte, el futuro del sistema de salud se consolida como el eje central del debate nacional, dividiendo opiniones entre quienes ven en esta propuesta un acto de justicia financiera y quienes advierten sobre un posible desincentivo a la inversión privada en el sector.
