En una medida contundente para fortalecer el orden público y reducir los índices de violencia, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional emitió la Resolución No. 001 de 2026, mediante la cual se suspende de manera general el porte de armas de fuego en su jurisdicción. La restricción, que entró en vigencia este mes, se extenderá de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2026, cobijando tanto a personas naturales como jurídicas en la mayoría del territorio antioqueño.
La normativa es estricta: quedan suspendidos todos los permisos de porte, incluyendo las armas traumáticas, que ahora reciben el mismo tratamiento legal que las armas de fuego convencionales. Las autoridades militares advirtieron que, a partir de la fecha, se intensificarán los puestos de control y registros en vías y cascos urbanos. Cualquier ciudadano que sea hallado portando un arma sin el debido permiso especial actualizado será objeto de la incautación y decomiso definitivo del elemento.
La medida impacta directamente a 91 municipios, abarcando la totalidad del Valle de Aburrá, el Oriente Antioqueño, el Suroeste y gran parte del Norte y Occidente. Localidades con alta dinámica comercial y turística como Rionegro, Medellín, La Ceja, Guatapé, Marinilla, Envigado y Santa Fe de Antioquia están bajo esta lupa institucional. El Ejército aclaró que las prórrogas automáticas de permisos expedidos en 2024 vencieron el pasado 27 de febrero, por lo que ningún ciudadano puede alegar vigencia de permisos antiguos.
Para aquellos ciudadanos que, por razones de extrema seguridad o fuerza mayor, requieran portar un arma, las autoridades han habilitado el trámite de Permiso Especial Regional o Nacional. Este proceso debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma web del Departamento Control Comercio de Armas (DCCAM). La documentación será evaluada bajo criterios rigurosos por un comité técnico que determinará la idoneidad y necesidad del solicitante antes de otorgar cualquier excepción.
Con esta resolución, el Ejército Nacional busca desarmar las calles y prevenir hechos de intolerancia o criminalidad urbana. Para resolver dudas, la institución puso a disposición la oficina de la Seccional No. 45 en el barrio Los Colores, Medellín, donde se brindará asesoría sobre la nueva normativa. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar la norma para evitar procesos judiciales y contribuir a la meta de un departamento con menores tasas de homicidio y lesiones personales.
