Mientras los hurtos callejeros muestran una reducción sostenida en Medellín y Antioquia, los delitos informáticos continúan en aumento y se consolidan como una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana. Las autoridades advierten que la criminalidad se está trasladando del espacio público al entorno digital, donde el riesgo para los delincuentes es menor y las ganancias pueden ser mayores.
De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional, durante el último año se registraron 9.620 hurtos informáticos en Antioquia, lo que equivale a un promedio cercano a 30 casos diarios. En Medellín se concentraron 5.387 denuncias, lo que confirma que el Valle de Aburrá sigue siendo el epicentro de este tipo de delitos en el departamento.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que entre 2024 y 2025 los atracos en la ciudad disminuyeron un 15%, resultado de los operativos de control y la articulación con la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin embargo, reconoció que la delincuencia se ha transformado y ahora utiliza herramientas tecnológicas para cometer robos sin necesidad de contacto físico con las víctimas.
Las cifras evidencian esta transición. En 2019 se reportaron 1.722 hurtos mediante medios informáticos en Antioquia, mientras que el año anterior la cifra superó los 5.000 casos denunciados. Durante la pandemia, estos delitos alcanzaron 5.607 reportes y para 2024 se rompió la barrera de los 11.000 hechos, sin contar los casos que no son denunciados por las víctimas.
Expertos en seguridad informática explican que el aumento está directamente relacionado con la masificación de los teléfonos inteligentes. En 2009 Colombia tenía cerca de 16 millones de dispositivos; para 2022 la cifra ascendió a 65 millones y en 2025 alcanzó los 90 millones, lo que representa casi dos celulares por habitante. Este crecimiento, sumado al acceso a internet y a la sofisticación de los delincuentes, ha facilitado el auge del fraude digital.
En el análisis regional, el Valle de Aburrá —sin incluir Medellín— reportó 2.641 casos en 2025. Bello, Envigado e Itagüí figuran entre los municipios con mayor número de denuncias. El Oriente antioqueño registró 755 casos, seguido por Urabá con 324, Suroeste con 176 y Norte con 151. Aunque algunas subregiones presentaron leves descensos, la tendencia general sigue siendo al alza.
En contraste, los hurtos a personas continúan disminuyendo. En Antioquia se denunciaron 35.282 casos durante el último año, una reducción frente a 2024 y muy por debajo del pico registrado en 2023. En Medellín se reportaron 25.108 robos, una cifra inferior a la de años anteriores. Los atracos, modalidad que implica mayor confrontación directa con la víctima, bajaron de 9.957 casos en 2024 a 8.425 en 2025.
No obstante, la reducción en los delitos presenciales también se refleja en menos capturas. Durante 2025 hubo 17% menos detenciones por hurto y se recuperaron significativamente menos celulares, lo que preocupa a las autoridades frente al fortalecimiento de las estructuras criminales digitales.
Investigadores de la Fiscalía y expertos en tecnología coinciden en que los ciberdelitos representan una alta rentabilidad con bajo riesgo. A diferencia del robo callejero, el delincuente no se expone físicamente, puede operar desde cualquier lugar e incluso atacar a cientos o miles de víctimas de forma simultánea mediante ingeniería social, suplantación de identidad o software malicioso.
Entre las modalidades más comunes se encuentran el phishing, mediante correos falsos de bancos o entidades oficiales; el smishing, a través de mensajes de texto con supuestos premios o subsidios; el vishing, que utiliza llamadas telefónicas para obtener códigos de verificación; el secuestro de cuentas de WhatsApp; el spoofing de correos electrónicos y la suplantación de plataformas digitales de comercio o reservas.
Las autoridades advierten que la ingeniería social se ha convertido en la principal herramienta de los delincuentes, quienes obtienen información personal a partir de redes sociales, publicaciones públicas y descuidos de los usuarios. Esta modalidad dificulta la judicialización, ya que muchas veces no existe un hackeo técnico sino una entrega voluntaria de datos inducida mediante engaños.
La Fiscalía también alertó que algunas estructuras criminales operan verdaderos “call center” dedicados exclusivamente a fraudes digitales, incluso desde centros penitenciarios, utilizando VPN y servicios de la red profunda para ocultar su ubicación real y evadir los procesos judiciales.
Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a fortalecer las medidas de autoprotección digital, evitar compartir información sensible, desconfiar de enlaces desconocidos, no suministrar códigos de verificación y denunciar cualquier intento de fraude, como única forma de contener una modalidad delictiva que continúa en expansión.
