La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales llegó a un consenso histórico este 16 de febrero de 2026: el aumento del 23,7 % en el salario mínimo debe sostenerse. La reunión fue convocada de urgencia tras el fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto original por presuntas fallas en los argumentos macroeconómicos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al declarar que modificar el alza hacia la baja sería un “error” que generaría una incertidumbre sistémica en la economía nacional y en los presupuestos de los hogares colombianos.
Con este aumento, el salario mínimo mensual legal vigente pasó de $1.423.500 a $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte subió un 24,5 % para situarse en $249.095. La suma de ambos componentes permite que los trabajadores colombianos perciban, por primera vez, un ingreso mensual de $2.000.000. Según el Gobierno, esta cifra es vital para acercarse al costo de la canasta básica, la cual se estima en $3.000.000 para una familia promedio, destinando el 43 % del ingreso solo a la alimentación.
La postura de los gremios ha sido diversa pero mayoritariamente inclinada a la estabilidad. Mientras la Andi ratificó su apoyo para evitar caos laboral, Fenalco expresó una posición ambivalente, señalando la responsabilidad de mantener el poder de compra pero cuestionando la sostenibilidad técnica. En el ámbito político, candidatos presidenciales de todo el espectro, desde Iván Cepeda hasta Paloma Valencia, han coincidido en que el aumento no debe revertirse, aunque la derecha condiciona su apoyo a una reducción de la carga tributaria para las empresas. El nuevo decreto transitorio deberá emitirse antes de este viernes para blindar legalmente el pago de la nómina mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.
