La renuncia del concejal Fernando Andrés Valencia Vallejo, genera una situación particular en el Concejo de Rionegro, en el que por primera vez se debe aplicar la figura jurídica de la SILLA VACIA por configurarse una falta ABSOLUTA que no da lugar a reemplazos según lo dispone el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia.
La norma constitucional enunciada contempla la figura de la silla vacía que se define como la imposibilidad de reemplazar en las corporaciones públicas a los senadores, representantes, diputados concejales o ediles, cuando se configuran los parámetros que trazan la disposición así: “En ningún caso podrá ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolores contra la administracion publica ; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. quienes tampoco renuncian a haber estado vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos,ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los procesos respectivos”.
La consecuente aplicación de la Silla Vacía en el caso de la renuncia del concejal Valencia Vallejo, tiene su origen en el proceso de elección de personero municipal de Rionegro para el periodo 2016-2020, en el que 14 concejales se aventuraron a realizar una elección irregular que fue motivo de continuos debates y de demandas judiciales que se tramitaron en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el Consejo de Estado, en las que se demostró claramente la ilegalidad de la elección del señor Carlos Andrés García Castaño, en la actualidad secretario de gobierno del municipio de Rionegro.
En denuncia realizada ante la Fiscalía General de la Nación por la ex senadora Claudia López y otros ciudadanos, el ente acusador inicio una compleja investigación en la que atendiendo a las pruebas recaudadas se determinó que existía merito para una vinculación formal de los concejales a un proceso penal que se materializó con la audiencia de acusación que se realizó a 14 concejales por los delitos prevaricato por acción, imputándose a demás de este delito, el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a los presidentes del periodo 2015 y 2016, señor Geovanny Gracia Martínez y Gregorio Orjuela Pérez.
En audiencia de acusación realizada el 19 de septiembre de 2019, el fiscal del caso señalo que los concejales al realizar la elección irregular de personero profirieron una decisión contraria a derecho, precisando que los servidores públicos que participaron de esa elección conocían los hechos constitutivos de las infracciones penales en referencia y no obstante dicho conocimiento quisieron realizarlas, advierte también que los concejales que participaron en las acciones referidas entorno a la elección de personero de Rionegro, con su comportamiento lesionaron el bien jurídico de la Administración Pública, sin justa causa.
La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público-VID- presentó ante la mesa directiva del Concejo Municipal solicitud de aplicación de la silla vacía, con ocasión de la falta absoluta que se generó con la renuncia del concejal Valencia Vallejo, por lo que la Corporación deberá emitir en los próximos días su pronunciamiento, en el sentido de si aplica la ley o incurre en nuevas irregularidades de las ya denunciadas por esta Veeduría Ciudadana ante los órganos de control que con la omisión y la permisividad se convierten en cómplices de la corrupción que los ciudadanos añoramos erradicar.
Esta Veeduría Ciudadana ha tenido que promover tutelas para demandar la acción de los órganos de control Procuraduría Provincial y Procuradora General de la Nación, con el propósito de llamar la atención sobre los hechos de corrupción que vienen institucionalizándose en este municipio y que pasan desapercibidos frente a los funcionarios investidos de potestad para investigar, las denuncias documentadas por los ciudadanos y veedurías quedan relegadas en los anaqueles de estas oficinas hasta alcanzar la prescripción de la acción disciplinaria y de esa forma termina el proceso con archivo.
La impunidad que existe en materia disciplinaria excedió los límites y comienza con los procesos que de procuraduría pasa a personería y de este órgano a la oficina de control interno disciplinario, instancias que en forma reiterada se rotan los procesos, sin que estos terminen con algún resultado o decisión; la frustración ciudadana es inminente pero no renunciaremos a la misión de control social con la que esperamos generar conciencia en la ciudadanía, esperando que algún día nuestras instituciones cambien.
