Un fuerte choque entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República se desató tras la decisión de aumentar la tasa de interés al 11,25%, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a anunciar una “distancia significativa” frente al emisor.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó de forma intempestiva la sesión de la junta directiva antes de que se hiciera oficial la decisión, en señal de desacuerdo con el incremento de 100 puntos básicos impulsado por la mayoría de sus miembros.
Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se cuestionó duramente la medida, al considerar que encarece el crédito y podría frenar la recuperación económica, especialmente en sectores como la industria y el agro.
La controversia no solo se centró en la subida de tasas. También surgieron tensiones por una comunicación emitida por la junta del banco sobre un proyecto del Ejecutivo relacionado con fondos de pensiones y cesantías, la cual, según el Ministerio, no habría sido discutida ni aprobada por todos sus integrantes.
El equipo económico argumentó que la inflación actual responde principalmente a factores externos —como el alza en combustibles, tensiones internacionales y efectos climáticos— y no a un exceso de demanda interna, por lo que consideran que endurecer la política monetaria tendría un impacto limitado.
Además, el Gobierno cuestionó los insumos técnicos utilizados por el banco central, señalando que las decisiones estarían influenciadas por actores del sistema financiero, dejando en segundo plano a sectores productivos.
Tras el desacuerdo, el Ministerio de Hacienda decidió no participar en la rueda de prensa conjunta con el gerente del banco, Leonardo Villar Gómez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la situación.
Este nuevo episodio reabre el debate sobre la autonomía del banco central y su relación con la política económica del Gobierno, en un contexto de alta sensibilidad por el costo de vida y el acceso al crédito en Colombia.
