El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó medidas cautelares con el objetivo de proteger la red hospitalaria del municipio de Rionegro, ante la grave situación financiera derivada de las deudas acumuladas por las EPS Savia Salud y Nueva EPS con varias instituciones prestadoras de servicios de salud.
La decisión judicial se origina en la acción popular interpuesta por la Personería Municipal de Rionegro, la cual advierte que el incumplimiento en el pago de la cartera pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud local, así como la continuidad y calidad de la atención a los usuarios.
Según el proceso identificado con el radicado 05001-23-33-000-2025-01710-00, la deuda supera los $280.000 millones, afectando de manera directa la operación financiera de instituciones como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Somer, ServiUCIS e Imedi, entre otras entidades que conforman la red hospitalaria del municipio.
En el Auto 08 del 15 de enero de 2026, el Tribunal resolvió admitir formalmente la acción popular y adoptar medidas cautelares preventivas, al considerar que la crisis financiera representa un riesgo real para el derecho colectivo a la salud y el acceso efectivo al servicio público esencial.
En el documento judicial se señala que la decisión busca “prevenir la generación de riesgos asociados a la problemática financiera de la red hospitalaria”, razón por la cual se ordena la adopción de acciones inmediatas por parte de las entidades responsables.
Como parte de las medidas decretadas, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las EPS demandadas, deberán presentar en un plazo máximo de diez días contados a partir de la notificación, un informe detallado que incluya un cronograma de pagos, con plazos definidos, fuentes de financiación y un plan de contingencia que garantice la continuidad de la atención médica mientras se avanza en el saneamiento de la cartera.
El personero municipal de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, quien lideró la acción judicial, aseguró que esta decisión constituye un avance jurídico significativo en la defensa del sistema de salud del municipio. Según indicó, aunque el proceso continúa, la medida cautelar obliga a las entidades involucradas a asumir compromisos concretos para evitar un mayor deterioro financiero de la red hospitalaria.
Desde la Personería se reiteró que el seguimiento al cumplimiento de esta orden judicial será permanente, mientras la comunidad del Oriente antioqueño permanece atenta a que el mandato del Tribunal se traduzca en soluciones reales para las instituciones y en garantías efectivas para los usuarios del sistema de salud.
