En cumplimiento de su misión, la Veeduría Ciudadana de Rionegro está participando en todo el proceso de implementación del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público, gracias a que la Personería explicó a la Administración sobre el derecho ciudadano a intervenir y por eso han estado en las reuniones entre transportadores y funcionarios de la Administración y solicitando la intervención de las agencias del Ministerio Público para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, que son los usuarios de este servicio.
Carlos Osorno, vocero de la Veeduría, dijo que ha quedado claro en las reuniones que hay una información insuficiente para pensar que se puede iniciar con el nuevo sistema. “El tema tarifario no se ha podido definir, y no se ha podido definir porque tampoco hay acuerdo en el tema de las rutas, lo cual contrasta con las decisiones de la Administración. Es preocupante que haya dos posiciones. Una de diálogo y de confianza y otra que el gobierno municipal expida actos administrativos distintos a lo que está en conversación. Queda claro que es lo que la Administración imponga y es inaudito que se establezca un proyecto, cuando ni siquiera tiene cierre financiero”, indicó Osorno.
Añadió que el tema de las nuevas rutas es un despropósito. “Hay que aclararle a la comunidad que nunca ha existido la necesidad de modificar rutas. El servicio de transporte en Rionegro cumple con el deber de ser un servicio esencial, pero la Administración ha decidido, en aras de montar un proyecto superior que es el Tren Ligero, imponerle a los transportadores que presenten unas propuestas que se adapten a esas imposiciones y así va a ser muy difícil, porque las rutas del servicio público de transporte deben establecerse de acuerdo a las necesidades de la comunidad y no de las necesidades de la Administración”.
Precisó que la Veeduría estará vigilante de este proceso, principalmente porque el servicio de transporte es esencial y la comunidad debe estar por encima de otros intereses.
