Colombia está enfrentando una crisis que amenaza su estabilidad desde diferentes campos y aspectos sociales. Dicha crisis, en parte, se debe a los altos niveles de corrupción y deslealtad que se presentan desde los altos mandos hasta los ciudadanos del común, donde robar, engañar y aprovecharse del otro se ha convertido en una actividad normal, y quienes no lo hacen ni se ven directamente afectados, simplemente se abstienen de tomar partido, pues, para unos, es más fácil ignorar el problema que buscar hacerle frente.
Se ha vuelto común encontrar en los diferentes medios y plataformas informativas, al menos, una noticia diaria enfocada al tema de la corrupción, donde Alcaldes, funcionarios, empresas y hasta personas del común, han participado o están siendo investigados por asuntos de dicho calibre, lo cual se percibe como un panorama desalentador, pues se crea un ambiente de desconfianza entre todos los actores sociales, ocasionado con eso una pérdida de la empatía por el otro.
Si bien es cierto que, en algún momento, las personas del común han podido participar en actos de corrupción, también lo es que son los actores políticos, económicos y administrativos los que van a la cabeza de este tema, desvirtuando sus posiciones y burlándose de un amplio sector social, quien, de alguna manera, los ve como personajes o entes que pueden entregar grandes aportes a la región o al país. De este punto se despliega una gran responsabilidad para estas cabezas visibles, ya que, quiéranlo o no, van a ser el foco de toda una sociedad.
Recientemente, se presentó un caso en San Andrés, donde un juez de la República, conmovido por las acciones corruptas de cuatro de los más altos funcionarios de la isla, lloró tras impartir justicia. Dichos personajes se habían adueñado de 120.000 millones de pesos, recursos que, según el juez, podían haber sido invertidos en vías, colegios y centros de salud para las personas más pobres de la isla.
Como es obvio, los malos comentarios acerca de la reacción del juez no se hicieron esperar, pues hubo quien lo llamó populista emocional, olvidando que, aunque sea una autoridad legal, también siente y que, por lo tanto, puede experimentar angustia, tristeza o indignación, pero, más allá de eso, refleja la situación lamentable en la que se encuentra el país, pues la corrupción ha traspasados barreras que, muchas veces, hasta la misma ley, no logra proteger.
Es justo que desde ahora se tomen medidas contundentes en contra de los actos corruptos, tanto para los altos mandos y entes visibles, como para la comunidad que se está dejando invadir por este mal. El país ha sido condescendiente e invidente ante la fractura social que dicha problemática ha provocado, dejando vacíos y traumatismos en comunidades enteras que han sido flageladas y golpeadas por acciones y actores corruptos que se han beneficiado de las carencias de un país o región.
La solución está en cada una de las personas que conforman esta Nación, quienes, sin saberlo, son los actores del cambio y del control. Solo si hay unión y fuerza colectiva, la corrupción y los corruptos se pueden extinguir, de lo contrario, si se continúa con una actitud indiferentes y poco empática, la corrupción va a ganar la batalla, destruyendo los sueños y las esperanzas de una sociedad llamada Colombia.
