El Gobierno nacional presentó el Decreto 1381 de 2024, una normativa que representa un hito en la protección de los derechos de más de 74.000 recicladores de oficio en el país. A través de este decreto, se les garantiza la exclusividad en la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos por un periodo de 15 años, consolidando su papel como actores fundamentales en la economía circular y la gestión integral de residuos.
En Colombia, existen 1.161 organizaciones de recicladores registradas, que agrupan a madres cabeza de hogar, adultos mayores y población migrante, entre otros grupos considerados sujetos de especial protección constitucional. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de los objetivos ambientales del país, especialmente en la reducción de residuos y el fomento del reciclaje.
La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alex López Maya, lideraron la construcción del decreto. El proceso incluyó un enfoque participativo, con mesas de trabajo en las que estuvieron presentes representantes de las organizaciones de recicladores, así como aportes de entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Además, el decreto recibió cerca de 4.000 comentarios ciudadanos, lo que refuerza su carácter inclusivo.
Esquema operativo y régimen de regularización
El decreto establece el esquema operativo del servicio de reciclaje dentro del marco del servicio público de aseo, incluyendo medidas específicas para la regularización de las organizaciones de recicladores. Este régimen busca garantizar su sostenibilidad económica, formalización y acceso a herramientas que les permitan competir de manera justa en el sector.
Impacto en el modelo de Economía Circular
La medida se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que promueve la transición hacia un modelo de Economía Circular, reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios y maximizando el aprovechamiento de materiales reciclables. Esto no solo beneficiará al medio ambiente, sino también a las familias que dependen de esta labor para su sustento diario.
Con este marco normativo, el Gobierno nacional dignifica a los recicladores como actores clave en la gestión de residuos, fortaleciendo su rol en la transición hacia una sociedad más sostenible y equitativa. Este esfuerzo conjunto marca un paso importante para consolidar la justicia social y la sostenibilidad ambiental en el país.