El Congreso de los Estados Unidos se convirtió este viernes 13 de marzo de 2026 en el escenario de un choque de poderes fundamental para la estabilidad del Caribe. Los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego radicaron una resolución legislativa que obligaría al presidente Donald Trump a retirar cualquier fuerza armada de posibles hostilidades contra Cuba, a menos que exista una declaración de guerra formal o una autorización específica del Capitolio. Los legisladores argumentan que el mandatario ha ignorado sistemáticamente la Constitución al ejecutar operaciones en Irán y Venezuela, tratando a las tropas estadounidenses como una “guardia palaciega” personal para sus intereses de política exterior.
La iniciativa surge como respuesta directa a las recientes y alarmantes declaraciones de Trump, quien afirmó que Cuba está “en ruinas” y que su caída es inminente. El mandatario ha sugerido que Estados Unidos podría ejecutar una “toma de control” de la isla, mencionando incluso al secretario de Estado, Marco Rubio, como una figura central en una transición política forzada. Para los demócratas, estas amenazas, sumadas al bloqueo naval que impide la llegada de crudo desde enero, sitúan a la región al borde de un conflicto armado que el Congreso no ha debatido ni aprobado.
La situación humanitaria en la isla es el telón de fondo de esta disputa legal. El bloqueo energético impuesto por Washington ha paralizado el transporte, reducido las jornadas escolares y generado apagones masivos que afectan incluso a hospitales y servicios básicos. Aunque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó la existencia de diálogos discretos con la administración Trump para buscar una salida a la crisis de combustible, la retórica de la Casa Blanca sigue siendo hostil, condicionando cualquier alivio a un “trato” que desmantele la estructura actual del gobierno cubano.
Este intento por limitar el poder presidencial enfrenta un camino cuesta arriba en un Legislativo dominado por la bancada republicana. Anteriormente, resoluciones similares para frenar ataques contra Irán y Venezuela han sido rechazadas, y se espera que el presidente utilice su poder de veto en caso de que la medida logre avanzar. Para anular dicho veto, la oposición necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un umbral difícil de alcanzar dada la lealtad que mantiene el sector conservador hacia la estrategia de “máxima presión” ejercida por Trump en el hemisferio.
Mientras el debate se traslada a las comisiones del Senado, el impacto del bloqueo petrolero ya se siente en otros países de la región, afectando las rutas comerciales y elevando los costos logísticos en el Caribe. La resolución de Poderes de Guerra podrá ser sometida a votación en un plazo de diez días, marcando un momento decisivo para determinar si el Congreso recuperará su autoridad sobre los conflictos armados o si la Casa Blanca continuará expandiendo sus operaciones militares bajo la premisa de la seguridad nacional y el cambio de régimen.
