Contundente rechazo de la comunidad sancarlitana a la otorgación de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico “Porvenir II”.

0
706

El pasado jueves 3 de julio, se efectuó, en el municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, la audiencia ambiental solicitada por la alcaldía municipal de este municipio ante la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA, convocada para que las comunidades que serán afectadas, se pronunciaran sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto: “Aprovechamiento hidroeléctrico del rio Samaná Norte” o “Porvenir II”, presentado por la empresa “Producción de energía S.A.S, PROESAS.ESP”, perteneciente al grupo ARGOS.

El evento tuvo como telón de fondo el auto Nº 0062 del 11 de enero de 2013, mediante el cual, la ANLA, presentó a la empresa “PROESAS.ESP” más de 2.600 requerimientos de información adicional en los estudios entregados en la solicitud de la licencia, advirtiendo categóricamente que la información presentada era insuficiente en todos sus componente; lo cual indica que los impactos de este tipo de obras son asumidos superficialmente por dicha empresa, que minimiza el grado de afectación para ahorrarse costos y así  garantizar la rentabilidad de su negocio.

En la audiencia, el representante de la empresa INTEGRAL, interesada en el negocio, hizo amplia exposición sobre las bondades de este proyecto, vendiendo la idea de que con éste se promueve el desarrollo, la generación de empleo, el fomento al turismo y las trasferencias del sector eléctrico a los entes territoriales. De estos argumentos hicieron eco las delegaciones que llegaron de municipios vecinos a San Carlos y de áreas donde la empresa CELSIA, del grupo ARGOS, tiene inversiones; quienes concurrieron en respaldo a dicha empresa, con el argumento del supuesto progreso que este tipo de inversiones genera. La vocería la asumieron contratistas y políticos a quienes se les promete contratos de transporte, obras y suministro y se les anuncia la construcción de supuestas obras civiles en compensación, como carreteras puentes, etc., según expresaron reiteradamente durante el evento.

Por su parte, las comunidades del sector, expresaron gran preocupación por la grave afectación que sufrirán las actividades socioeconómicas de campesinos, pescadores, mineros artesanales, ganaderos, caficultores, cacaoteros, en fin, de los lugareños; las cuales representan los medios de subsistencia de un amplio grupo poblacional de los municipios involucrados; que desde tiempo atrás han vivido y seguirán viviendo de estas actividades, si no se les arrebata su entorno vital. Mientras señalan que el negocio de generación eléctrica que aquí se pretende montar favorece exclusivamente a un grupo económico privado.

Los Sancarlitanos, en tanto conocedores de que las empresas promotoras de los proyectos hidroeléctricos no contemplan en sus planes de expansión, la atención a la afectación socioeconómica y medioambiental que ocasionan estas obras; argumentos sustentados en la experiencia vivida, ya que este municipio alberga cuatro centrales hidroeléctricas que no han producido cambios sustanciales respecto al desarrollo sino que, por el contrario, si muchos daños y alteraciones en la vida de esta comunidad; sin  hacerse ilusiones, reclaman claridad en las medidas de reubicación en condiciones dignas que se requerirá para las comunidades que van a ser desplazadas por afectación directa o indirecta; debido a la ocupación de sus predios o por la pérdida de las actividades de las cuales subsisten.

En la misma medida solicitan que en la elaboración de los planes, programas  y proyectos socioambientales que sustenten o no la viabilidad de esta obra, deberá ser tenida en cuenta la participación activa de representantes autorizados de las comunidades, quienes, junto a las entidades técnicas y profesionales, elaborarán los estudios y planes de mitigación, compensación, reubicación e indemnización que correspondan integralmente a la afectación que se va a producir, si se llegara a considerar necesaria esta obra para el país.

Ahí mismo demandan que el impacto que ocasionará esta hidroeléctrica deberá ser determinado por grupos de investigación especializados, acreditados e imparciales, así como por los respectivos entes de control autorizados, quienes tendrán que  pronunciarse con detenimiento y rigurosidad; pues sobre ellos recaerá una parte de  la responsabilidad sobre los daños sociales y al ecosistema que aquí se van a producir; siendo el principal responsable, claro está, la empresa PROESAS.ESP, y en especial el grupo ARGOS, dueña y gestora de este proyecto.

En conclusión, ante la inexistencia de estudios debidamente elaborados y sustentados, que determinen con claridad los impactos acarreados con esta hidroeléctrica, que serán bastante significativos, las comunidades solicitan  que hasta tanto no se presenten planes, programas y proyectos que estipulen claramente cómo será resarcido el costo medioambiental, social, económico y cultural que producirá esta obra, no se asigne dicha licencia.

En la audiencia fueron reiteradas las críticas al informe que la empresa PROESAS.ESP entregó en respuesta a los requerimientos de la ANLA. Entre otras, es evidente la subestimación de las afectaciones de la represa en las dinámicas reproductivas de la variedad de peces, de gran importancia económica para la región, no sólo de las poblaciones adyacentes al rio Samaná Norte, sino también de otros afluentes de la cuenca del Magdalena; pues las especies que se verán afectadas se alimentan y se reproducen en toda la red hídrica que conforman el Samaná, el Magdalena y afluentes cercanos, así como caños y ciénagas; afectando por ende a los pescadores, tanto del Samaná como de toda la zona de pesca del Magdalena.

Respecto a la descripción de los lugares de pesca señalados en el estudio, se considera que es ambigua,  incompleta e inconclusa. La vulnerabilidad de la variedad de especies endémicas que habitan esta cuenca, tampoco es observada con rigurosidad. De la misma manera allí se subestiman las afectaciones que se ocasionan a las poblaciones ubicadas aguas abajo de la represa, tanto en la temporada invernal o cuando se vierte el agua turbinada al poner a funcionar a toda máquina la hidroeléctrica; lo mismo que la atención del deterioro medioambiental, en muchos casos  irreversible, ocasionado por una hidroeléctrica.

En cuanto a la situación de las familias campesinas retornadas a través de programas establecidos dentro del marco de las disposiciones legales de restablecimiento de derechos a las víctimas de la violencia; programas de atención que representa un alto costo social y económico; este aspecto tampoco es tenido en cuenta en los estudios de impacto de dicho proyecto hidroeléctrico.

Al respecto, tanto la delegación del Centro de Memoria Histórica, como la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de San Carlos, se pronunciaron en contra de la otorgación de la licencia ambiental; pues con este proyecto se lesionaría de manera grave el proceso de retorno y de restitución de tierras que hay en curso en esta área, así como los planes de restitución de derechos a los campesinos de este sector, víctimas de la violencia.

Durante la audiencia fue reiterado el rechazo a la minimización de la dimensión del daño que la recién constituida empresa PROESAS.ESP considera que va a ocasionar, y la incipiente información que han considerado los solicitantes de la licencia respecto al total de población que será damnificada con este proyecto: pescadores, madereros, cafeteros, cacaoteros, ganaderos, mineros, transportadores, productores agropecuarios, jornaleros, comerciantes, etc.; lo mismo que los estimativos de las personas en situación de retornadas, víctimas de la violencia que serán re-victimizadas, y de los programas institucionales de atención que se verán truncados.

Con base en lo anterior,  un alto porcentaje de la comunidad sancarlitana asistente a la audiencia ambiental, le pidió a la ANLA no otorgar la licencia solicitada por la empresa “Producción de energía S.AS, PROESAS.ESP” para el aprovechamiento hidroeléctrico del rio Samaná Norte” o “Porvenir II”.

En cambio solicitaron de todas las entidades encargadas de la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, apoyo a los planes de desarrollo territorial local, endógeno, sostenible; en los cuales se designen los usos del suelo en función de un desarrollo en armonía con la naturaleza.

Por: Carlos Hernando Olaya

Loading

Comentarios