En riesgo vida de menor trasplantado en La Unión: lleva cinco meses sin medicamentos de la Nueva EPSLa lucha de Jerónimo, un niño unitense de 11 años, por conservar su salud se ha trasladado de los quirófanos a los despachos judiciales. Tras recibir hace dos años un trasplante de riñón donado por su propia madre —luego de seis años de padecer una enfermedad renal crónica—, el menor se enfrenta hoy a una barrera burocrática que pone en jaque su vida: la Nueva EPS suspendió desde septiembre de 2025 la entrega del medicamento inmunosupresor esencial para evitar que su cuerpo rechace el órgano. Carlos Hernando Rincón, padre del menor, denunció con angustia que la interrupción del tratamiento es injustificada. Según relató a MiOriente, la familia ha descubierto que sí hay existencias del fármaco en los depósitos, pero la entidad promotora de salud no emite las autorizaciones necesarias para el despacho. Esta omisión administrativa obliga a la familia a adquirir el medicamento por sus propios medios, una carga económica imposible de sostener a largo plazo debido al alto costo del tratamiento. Para evitar un desenlace fatal, los padres de Jerónimo han recurrido a la solidaridad de vecinos en La Unión y a donaciones particulares. Sin embargo, advierten que los recursos son finitos y que la estabilidad del niño pende de un hilo. “Hemos agotado todos los recursos legales: tutelas, desacatos y gestiones ante la Personería y la Superintendencia de Salud, pero las soluciones definitivas no llegan”, manifestó Rincón, quien teme que el esfuerzo de años se pierda por una negligencia administrativa. Este caso se suma a una creciente lista de denuncias contra el sistema de salud en el Oriente Antioqueño, donde los pacientes con enfermedades de alto costo son los más vulnerables. La interrupción de un tratamiento inmunosupresor no solo es una falla en el servicio, sino que representa un riesgo inminente de pérdida del órgano trasplantado, lo que devolvería al menor a extenuantes sesiones de diálisis o, en el peor de los casos, le causaría la muerte. La familia Rincón hace un llamado desesperado al Gobierno Nacional y a los entes de control para que intervengan de inmediato. La solicitud es clara: que la Nueva EPS garantice la entrega continua y oportuna de los fármacos. La comunidad de La Unión, que ha seguido de cerca la historia de Jerónimo, se mantiene en alerta, exigiendo que el derecho fundamental a la salud de los niños prevalezca sobre cualquier crisis financiera o administrativa del sistema.

La lucha de Jerónimo, un niño de 11 años, por conservar su salud se ha trasladado de los quirófanos a los despachos judiciales. Tras recibir hace dos años un trasplante de riñón donado por su propia madre —luego de seis años de padecer una enfermedad renal crónica—, el menor se enfrenta hoy a una barrera burocrática que pone en jaque su vida: la Nueva EPS suspendió desde septiembre de 2025 la entrega del medicamento inmunosupresor esencial para evitar que su cuerpo rechace el órgano.

Carlos Hernando Rincón, padre del menor, denunció con angustia que la interrupción del tratamiento es injustificada. Según relató a MiOriente, la familia ha descubierto que sí hay existencias del fármaco en los depósitos, pero la entidad promotora de salud no emite las autorizaciones necesarias para el despacho. Esta omisión administrativa obliga a la familia a adquirir el medicamento por sus propios medios, una carga económica imposible de sostener a largo plazo debido al alto costo del tratamiento.

Para evitar un desenlace fatal, los padres de Jerónimo han recurrido a la solidaridad de vecinos en La Unión y a donaciones particulares. Sin embargo, advierten que los recursos son finitos y que la estabilidad del niño pende de un hilo. “Hemos agotado todos los recursos legales: tutelas, desacatos y gestiones ante la Personería y la Superintendencia de Salud, pero las soluciones definitivas no llegan”, manifestó Rincón, quien teme que el esfuerzo de años se pierda por una negligencia administrativa.

Este caso se suma a una creciente lista de denuncias contra el sistema de salud en el Oriente Antioqueño, donde los pacientes con enfermedades de alto costo son los más vulnerables. La interrupción de un tratamiento inmunosupresor no solo es una falla en el servicio, sino que representa un riesgo inminente de pérdida del órgano trasplantado, lo que devolvería al menor a extenuantes sesiones de diálisis o, en el peor de los casos, le causaría la muerte.

La familia Rincón hace un llamado desesperado al Gobierno Nacional y a los entes de control para que intervengan de inmediato. La solicitud es clara: que la Nueva EPS garantice la entrega continua y oportuna de los fármacos. La comunidad de La Unión, que ha seguido de cerca la historia de Jerónimo, se mantiene en alerta, exigiendo que el derecho fundamental a la salud de los niños prevalezca sobre cualquier crisis financiera o administrativa del sistema.