El Gobierno nacional anunció este jueves la imposición de un arancel del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta directa a la reciente decisión del país vecino de aplicar gravámenes del mismo porcentaje a mercancías colombianas. La medida, según el Ejecutivo, tiene carácter proporcional, transitorio y revisable, y busca restablecer el equilibrio en el comercio bilateral.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, explicó que la determinación no pretende escalar el conflicto diplomático, sino proteger al aparato productivo nacional frente a las distorsiones generadas por la política arancelaria adoptada de manera unilateral por Ecuador. De acuerdo con la funcionaria, Colombia mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas.
El anuncio se produce luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmara la aplicación de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1° de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación de Colombia en asuntos relacionados con la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.
Además de la medida comercial, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ordenó la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad con Ecuador. La decisión fue sustentada en riesgos climáticos y en la necesidad de garantizar el abastecimiento energético interno, ante los escenarios de variabilidad asociados al fenómeno de El Niño.
Esta determinación representa un aumento significativo en la tensión bilateral, teniendo en cuenta que Ecuador depende parcialmente de la energía suministrada por Colombia, especialmente después de la crisis energética que ha afectado al país vecino durante el último año.
Según cifras oficiales, las exportaciones ecuatorianas cobijadas por el nuevo arancel colombiano superan los 250 millones de dólares. Al mismo tiempo, Ecuador continúa siendo uno de los principales destinos de productos industriales colombianos, lo que evidencia la interdependencia económica entre ambos países.
Gremios y analistas económicos han advertido que la imposición de barreras comerciales podría generar efectos adversos para productores y consumidores en ambos lados de la frontera, con posibles incrementos en los costos de insumos, afectaciones a la competitividad y reducción del intercambio bilateral.
Desde el Gobierno colombiano se reiteró el rechazo a las decisiones unilaterales y se recordó que existen mecanismos de resolución de controversias dentro de marcos regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), diseñados para evitar este tipo de confrontaciones comerciales.
Aunque Colombia mantiene una balanza comercial favorable frente a Ecuador, expertos coinciden en que una guerra comercial prolongada podría impactar sectores estratégicos y deteriorar la cooperación regional en temas de comercio, energía y seguridad.
