En el año 2015, el profesor Carlos Arturo Silva Marín solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría de Antioquia y General de la República, investigar a la Directora Local de Salud (DLS) del Municipio de La Unión, Sandra Milena Gómez Osorio, entre otros, por presuntos manejos ilícitos al PAE del que, como refirieron funcionarias de la administración municipal, integrantes de la veeduría y otros testigos, desde el año 2012 sustraía los víveres de las instituciones educativas para comercializarlos en supermercados, de lo cual se anexaron fotografías y declaraciones juradas ante notaria.
También, se solicitó investigar la presunta celebración indebida de contratos con falsificación de firmas por la DLS a la empleada del aseo de las oficinas, quien apareció como contratante en una licitación por $18.000.000 para proveer alimentos y que, según se observa en diferentes documentos, viene explicando que ese contrato no es suyo.
La Contraloría de Antioquia confirmó el saqueo al PAE y de la presunta celebración indebida de contratos encontró dos cheques cobrados por la DLS a nombre de la empleada del aseo, compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría; no obstante, no dio apertura a una investigación fiscal, porque la Ley 610 del 2000, Art 41, impone, entre otros requisitos, que el daño ya esté cuantificado y, para ese entonces, los víveres perdidos del PAE no eran cuantificables. http://periodicoeloriente.com/evidencia-pae
En tal sentido, la Contraloría explicó: “(…) obtenidos los resultados de esta diligencia, no se observan presupuestos fácticos que permitan su traslado a Responsabilidad Fiscal, dada la dificultad probatoria en cantidades y valores, más si a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, en lo que respecta a la presunta falsificación de firmas, celebración indebida de contratos, cambio de destinación y sustracción de los elementos que componen la minuta alimentaria de los colegios del Municipio de La Unión (…)”.
Los resultados los ratificó la Contraloría General de la República, tomando parte del informe departamental; pero, al que agregaron que: “Con base en lo expresado en el informe final de la CGA, se determinó que los hechos antes denunciados no configuran un posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos de la Nación”.
Del proceso disciplinario se desprendieron presuntas irregularidades como la apertura de investigación preliminar por el Personero Municipal, Andrés Felipe Arteaga Correa, a pesar de que la Procuradora Provincial de Rionegro había manifestado que tomaría el caso por poder preferente, delegándolo a la abogada Juliana Sofía Henao Olguín. Sin embargo, el Personero centrado en la presunta falsificación de firmas de la empleada del aseo, le tomó una primera declaración; solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de Antioquia, aplicar una prueba grafológica a la empleada; por su parte la DNIE ordenó también a la empleada rendir otra entrevista donde la DLS formularía parte de las preguntas, la empleada rechazó la entrevista y el funcionario le advirtió que podría ser conducida por la policía a tal diligencia.
En entrevista del denunciante con la abogada Juliana Sofía, ella le explicó que la DNIE, no podría estar tomando pruebas por solicitud del Personero, porque apenas, en reunión con la Procuradora Provincial, se estaban examinando las que se solicitarían para hacer apertura de indagación preliminar y el oficio remitido por la DNIE, Expediente SIAF: 2015-288335-(2015-002) no correspondía al número de archivo (IUS: 2015-138175).
Por su parte, la Fiscalía 106, Unidad Especial de Delitos Contra la Administración Pública, habiendo tomado las declaraciones de las funcionarias testigos del presunto ilícito en el PAE, del denunciante, teniendo el testimonio de uno de los conductores que transportaban los víveres y el de las integrantes de la Veeduría, la conclusión de la Contraloría de Antioquia y las diversas comunicaciones de la empleada del aseo advirtiendo que el contrato por $18.000.000 no era suyo, el 13 de abril de 2016 archivó el proceso por “atipicidad de la conducta”.
Desde el año 2016, el denunciante, Carlos Arturo Silva, conoció que la modalidad de defraudación al PAE empleada en La Unión, tiene lugar en otros municipios del Oriente Antioqueño, ahora no siempre retirando los víveres de las instituciones educativas, sino que en el recorrido del punto de despacho al establecimiento se descarga una parte donde se comercializan; ante el antecedente del manejo del caso por la Fiscalía 106 y la Procuraduría, se informó de la situación a la Secretaria de Trasparencia de la Presidencia, con el Señor Jorge E. Zerda.
Explicó Zerda que lo posible para su despacho era solicitar a las entidades correspondientes una explicación y que en circunstancias como ésta comúnmente existía un “padrino político” con poder para proteger los denunciados y que, además, enviarían copias del trámite. En las respuestas a la Secretaria, la Fiscal 106, Ana Cristina Chica Restrepo, reiteró que: “los hechos denunciados no son constitutivos de delito alguno y, por lo tanto, se decretó el archivo de las diligencias con fecha 13 de abril del 2016”.
Ante las circunstancias se dirigió un derecho de petición al Fiscal General de la Nación solicitando verificar la actuación de la Fiscalía 106 en el caso del PAE y la presunta celebración indebida de contratos y que se clarificara si las situaciones no constituían un delito y que, también, se asumiera la investigación desde Bogotá. El 20 de febrero del 2017, la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, notificó remisión a la Dirección Seccional Sucre en Medellín, sin que tal entidad emitiera respuesta. En tales condiciones se puso en conocimiento de los hechos a todas las bancadas del Senado, a quienes se solicitó, entre otras peticiones, dar traslado de los hechos a las autoridades correspondientes.
Respondieron con trámites efectivos del Senado: Claudia López Hernández; Nadia Blel Scaff, Ángel Custodio Cabrera, Oscar Mauricio Liscano y Arturo Char Chaljub, generando primero, que la Procuraduría General de la Nación, ordenara investigar a la Procuraduría Provincial de Rionegro y a la Fiscal 106. La Procuraduría Provincial informó, entre otros asuntos, que vinculó como sujeto procesal al exalcalde Edgar Alexander Osorio Londoño de La Unión; del testimonio de las testigos del PAE, se conoció que la DLS afirmaba que sobre la sustracción de los víveres de los restaurantes escolares estaba enterado el alcalde.
Segundo, la Dirección Seccional de la Fiscalía en Antioquia y la Fiscalía III, informaron que a la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia, le fue asignada la investigación contra la Fiscal 106 por el presunto delito de prevaricato por acción, al haber archivado el proceso contra la DLS. Por otra parte, la presunta falsificación de firmas a la empleada por la DLS quedó indicado que la Fiscalía 85 de La Ceja tiene a su cargo el proceso. De la Fiscalía III solicitaron al denunciante confirmar recibido de la información.
En la confirmación del denunciante a la Fiscalía III, expuso que, en el derecho de petición dirigido al Fiscal General, solicitaba también un pronunciamiento sobre si sustraer o desviar los víveres del PAE constituía un delito, y que la falta de ese pronunciamiento obstaculizaba la interposición de las denuncias sobre otros municipios donde funcionarios estaban saqueando al PAE, el pronunciamiento no se dio.
Así las cosas, el denunciante dirigió a la Asamblea Departamental de Antioquia una comunicación, explicando la situación y pidiendo se solicitara a la Procuraduría y Fiscalía clarificar el proceso del Municipio de La Unión, de modo que se posibilite generar las demás denuncias; así como también, mediar ante la Gobernación de Antioquia y las Personerías Municipales para que se fortalezcan las veedurías ciudadanas al PAE.
Cuando este medio recibió la documentación base del informe, confirmó con el denunciante, Carlos Arturo Silva Marín, la veracidad de los textos del proceso, entre sus declaraciones el profesor manifestó que a la fecha no se ha dado respuesta alguna por la Asamblea Departamental de Antioquia, que tampoco se pronunció cuando el 19 de mayo del 2015, le envió copia de una solicitud titulada como urgente al entonces Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, pidiéndole apoyar para dar celeridad al trámite de investigación de manejos irregulares al PAE en el Municipio de La Unión.
Explicó el docente que quienes conocen del caso de defraudación al PAE en otros municipios, encuentran como confiable únicamente a la Contraloría de Antioquia, pero que comprenden que no puede ir más allá de compulsar copias de lo que verifique a la Fiscalía y la Procuraduría, de las cuales no están claras sus actuaciones en el proceso del Municipio de La Unión, lo que los lleva a considerar injustificado todo riesgo que representa declarar y aportar pruebas.
Agrega que ahora queda confiar en que la Asamblea Departamental quiera mediar ante la Gobernación de Antioquia para promover el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas al PAE y que un común denominador entre La Unión y los municipios donde se detectó la práctica irregular sobre el PAE, son las falencias en las veedurías ciudadanas al mismo, sus integrantes cuando existen, desconocen cómo ejercer control y de la obligación que tienen en la administración del programa para permitírselos desarrollar en forma real y completa.
