Familias preservan plantas y por eso reciben pagos por quienes quieren compensar su contaminación.
“Ya no necesito tumbar árboles para vivir”, dice Arcesio Guarín, campesino y habitante de la vereda La Tebaida, del municipio de Alejandría. La frase de Guarín resume el esfuerzo ejemplar de unas familias del oriente de Antioquia que decidieron obtener algún ingreso, pero cuidando los árboles que los rodean.
Ellos reciben una plata cada mes por dejar aquellas plantas en su lugar. No es un esquema complejo, más bien se destaca por lo simple. Pero es, tal vez, uno de los más exitosos del país. Y que muestra además cómo se les puede sacar valor, de alguna manera, a los servicios que presta la naturaleza.
Todo se basa en el principio natural de que un árbol captura dióxido de carbono y forma sus partes como ramas y troncos a partir de la acumulación de ese gas. Pero también hay personas y empresas que emiten CO2 a la atmósfera, al usar un automóvil a gasolina o durante sus procesos productivos.
Entonces, quienes contaminan buscan a los campesinos para que cuiden la porción de bosques capaz de capturar aquella polución, con tal de compensar su impacto ambiental. Pero les pagan por ello. Así, estas organizaciones pueden decir que son responsables con el entorno e incluso reducen impuestos. De paso, los campesinos encuentran un ingreso y mejoran su día a día.
De esta forma, ya hay 293 familias, integradas por casi 1.300 personas, que están vigilando porciones de bosques. Tanta es la extensión preservada que serviría para cubrir 8.500 canchas de fútbol.
El programa se llama ‘BanCo2’. Y se desarrolla en momentos en que el Ideam ha reiterado cómo la deforestación se ha extendido por todo el país como una epidemia y arrasa 147 mil hectáreas al año, según datos del Ideam medidos entre 2011 y 2012.
Incluso, esta medición incluye a Antioquia como uno de los departamentos donde se presenta con más intensidad esta amenaza, con el 3 por ciento del total. Según el Ideam, la tala –que a nivel nacional es mayoritariamente ejecutada en la Amazonia– compromete 18.218 hectáreas de este departamento.
Por eso, con la preservación de esas porciones de árboles, hay un control sobre la salud de las quebradas. Y por eso, la sequía, frecuente en muchas otras regiones del país, en este sector es desconocida.
Hay una comparación que podría tenerse en cuenta, así los ecosistemas por relacionar no sean los mismos. Y es que el Instituto Humboldt acaba de terminar una investigación sobre el bosque seco en Colombia, y concluyó que el 65 por ciento de las tierras que han sido deforestadas y eran bosque seco presentan desertificación; es decir, ya no sirven para cultivar, son estériles. Podría ocurrir lo mismo con el suelo que sostiene robles, cominos, sietecueros, entre otras especies en los municipios de Granada, San Carlos, Alejandría, Sonsón, Cocorná, San Francisco, Argelia, Nariño, La Unión, Guatapé, El Peñol, El Retiro, Santo Domingo, San Roque y Carmen de Viboral, donde funciona ‘BanCo2’.
De paso, se cuida el agua que nace en estas poblaciones y que surte a Medellín y a otros municipios situados en las mismas cuencas de los ríos Negro y Nare.
El esquema se aleja de las complejidades aparentes del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (Redd), que ha sido impulsado desde las negociaciones de cambio climático de la Organización de Naciones Unidas.
Aquí, la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare (Cornare) creó un sistema de pago directo acompañado de una página web.
Cada persona o la empresa u organización comprometida con el ambiente entra a esa plataforma informática (www.banco2.com) y podrá calcular su huella de carbono, es decir, las emisiones que causa por sus actividades diarias, y allí mismo se le indicará cuánto bosque hay que conservar para compensar o borrar esta contaminación.
También podrá seleccionar con cuál familia campesina quiere hacer el negocio. Finalmente, establece un contrato civil directo, en el que esta persona u organización se compromete a pagar y el campesino, a conservar.
Cerca de 430 personas han hecho pagos para aliviar su impacto sobre la atmósfera, así como 18 empresas de la talla de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Fundación Corona y la Fundación Éxito. Como gran intermediario está Bancolombia, el mayor banco de Colombia, quien maneja la plataforma financiera para hacer las transferencias y asegura que el ciento por ciento de los fondos lleguen (en cuotas mensuales) a los labriegos. Cornare no interviene, pero participa como autoridad ambiental para que los beneficiarios cumplan con la conservación de los bosques.
Franco Piza, gerente de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia, le contó a EL TIEMPO que en este proceso de intermediación la entidad no cobra a los campesinos cuotas y mucho menos aplica descuentos. “Todo esto es una estrategia de sostenibilidad. Es un mecanismo muy poderoso para reducir impactos ambientales que puede ser aplicados en otras regiones. Hoy, los problemas de agua se están viendo en La Guajira, pero en un futuro podrían estar pasando por esta zona si no la protegemos”, explicó Pizza, quien agregó que de paso se logra un proceso de bancarización de las personas.
Cuenta Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare, que cada familia vinculada con ‘BanCo2’ podrá participa con un máximo de tres hectáreas de bosque.
Para la vigencia 2014, una tonelada de carbono capturada tiene un costo de 8.000 pesos. Y cada familia recibe hasta 600 mil pesos mensuales, por un lapso máximo de tres años.
“Como durante todo el tiempo las personas reciben asesoría para que desarrollen cultivos tradicionales, la idea es que a partir de ese tercer año la tala no haga parte de sus necesidades para conseguir un ingreso”, cuenta Zuluaga, quien opina que esta idea ha permitido a muchos campesinos regresar a sus fincas y rehacer sus vidas, luego de haber sido desplazadas por grupos armados ilegales que hicieron presencia en algunos de estos parajes antioqueños.
Además, con el dinero obtenido por conservar, han cumplido pequeños sueños.
Por ejemplo, Arcesio Guarín dice que pudo comprar un computador para que su hija Adriana pudiera estudiar. María Camila Escobar, de una finca en San Luis, pudo mejorar el estado de su casa. Y otros han podido hacer algo que hace meses consideraban imposible: un mercado. “Con esto estamos mostrando –agrega Zuluaga– cuál puede ser el camino que el país puede seguir frente al postconflicto, para lograr la paz definitiva”.
JAVIER SILVA HERRERA
Estilo de Vida
