MULTIMILLONARIA DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Una multimillonaria condena, cercana a los cien mil millones de pesos, podría recaer sobre el municipio de Rionegro, de llegar a prosperar una demanda que accionaría un grupo de empresarios de la región, quienes en la vigencia anterior ganaron por licitación pública la ejecución de un megaproyecto, debidamente aprobado por el Concejo Municipal de entonces, y que ahora desconoce la administración del alcalde Hernán Ospina.

Se trata de la construcción de la nueva centralidad del municipio, un ambicioso proyecto denominado “Centro Santiago de Armas”, cuya ejecución se adjudicó con el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para este tipo de contratos, en la anterior administración del alcalde Alcides Tobón.

La decisión unilateral del actual alcalde se convertiría en un acto administrativo nulo con alcance de delito, toda vez que estaría incurriendo en la violación de una norma superior, lo cual desencadenaría en falta de competencia, grave desviación de poder, falsa motivación, y en la expedición irregular de un nuevo acto administrativo.

ORÍGENES DEL LA MEGA OBRA

El proceso se inició con un estudio detallado de factibilidad en el que se contempló cuál sería la mejor opción para desarrollar el Plan Parcial P1-US-5, como parte del desarrollo urbano que está contemplado y aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, y que incluye  para los lotes de la “Laguna Azul”, desarrollar su vocación y construir allí, lo siguiente:

1. El Centro Administrativo Municipal-CAM– (que sería la nueva centralidad)
2. La Terminal de Transporte Intermunicipal y de Transporte Urbano del Centro de la Ciudad, (que descongestionaría la movilidad del municipio).
3. El Centro de Convenciones, (un proyecto anhelado por todos los rionegreros)
4. Una Oferta de Servicios y Comercio, (de indudable necesidad para una centralidad).
5. Un Proyecto de Vivienda, (para las personas que trabajarán en este gran conglomerado de comercio y servicios).

El concurso para definir un proponente y socio estratégico para el proyecto, debido a su cuantía, fue realizado mediante convocatoria pública en la administración del  exalcalde, Alcides Tobón Echeverri; de modo que una vez cumplido el trámite legal, el día 09 de septiembre de 2011 se le adjudicó,  mediante Resolución Nº 1468, a dos respetables empresarios del Oriente Antioqueño. Por medio de esta misma resolución se establecieron las primeras obligaciones de las partes:

1. La constitución de la sociedad “CENTRO INTEGRAL Y DE TRANSPORTES SANTIAGO DE ARMA S.A.S”, ante la Cámara de Comercio y ante la DIAN.
2. La devolución por parte de la Administración Municipal a los socios estratégicos, la suma de 20 millones de pesos puestos por ellos como garantía al inicio de la mencionada licitación.
3. La colocación de 100 millones de pesos por parte de la Administración Municipal como capital inicial para la nueva sociedad encargada de desarrollar el proyecto.

Posteriormente, el 30 de diciembre del año 2011 la administración municipal de Rionegro, mediante resolución 339 expide una licencia de urbanismo, y deja constancia de que en uno de los mejores terrenos de la localidad, conocido por la opinión pública como “LA LAGUNA AZUL”, situado en el lote identificado con Matrícula Inmobiliaria Nº 020-50224, ficha catastral Nº615-1-01-011-001-00007  y escritura pública Nº1960 del 24 de diciembre de 1997, se erigirá pronto un proyecto ambicioso y moderno que desarrollará la nueva centralidad del Municipio de Rionegro, denominada “CENTRO SANTIAGO DE ARMA”.

Este proyecto además, según los socios estratégicos, fue altamente debatido por el Honorable Concejo Municipal  que lo aprobó bajo Acuerdo 062, tal como consta en las actas de esa corporación.

ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con los empresarios adjudicatarios la iniciativa fue ampliamente aceptada por más de 800 empresarios del sector, quiénes así lo dieron a conocer a través de una encuesta que se realizó con tal fin. Así mismo manifiestan que los promotores estratégicos de la obra consideran su impacto positivo, en un decálogo con los siguientes beneficios para la municipalidad:

1. La construcción y desarrollo del proyecto “Centro Santiago de Armas” traería a Rionegro una inversión de aproximadamente seiscientos mil millones de pesos.
2. Se contaría con el Centro de Convenciones, un espacio anhelado por la comunidad, y además inherente a la visión de una ciudad moderna.
3. La generación de más de cinco mil empleos directos en la construcción del Centro Integra y de Transporte, más 900 también directos y permanentes para la futura operación del mismo.
4. La sola construcción de la Terminal de Transportes descongestionaría no sólo las vías céntricas, sino también la movilidad de todo el municipio.
5. La construcción de dos torres de oficinas atraería a grandes empresarios de los sectores industria y servicios de todo el departamento.
6. La fuente de recursos propios del municipio se incrementaría en aproximadamente un 30%, pues el Impuesto Predial del conglomerado se calcula en unos $4.500 millones trimestrales, para una cifra anual de $18.000 millones.
7. La construcción de unos cuatro mil parqueaderos (4.000) eliminaría el caos vehicular y de espacio público que se evidencia los fines de semana.
8. Un mayor número de visitantes llegaría al municipio sin ningún inconveniente, quienes consumirían bienes y servicios a favor de la economía local.
9. Se potenciaría la inversión local, nacional e internacional, lo cual redundaría en innovación, empelo y desarrollo.
10. El municipio de Rionegro jalonaría además el desarrollo de todo el altiplano del Valle de San Nicolás y los municipios conurbados.

VIGENCIA DE LA SOCOIEDAD

Los afectados con las maniobras ilegítimas del alcalde Hernán Ospina, sostienen que la sociedad de economía mixta, de la cual el municipio es socio minoritario, con una participación real de apenas un 1,47%, se encuentra en plena vigencia y ha registrado debidamente en sus libros y ante la Cámara de Comercio, todos los movimientos estatutarios, de gobierno y administrativos, exigidos por la ley, y declaran al respecto, que:

1. La sociedad “CENTRO INTEGRAL Y DE TRANSPORTES SANTIAGO DE ARMA S.A.S”, fue debidamente constituida ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y ante la DIAN por el Municipio de Rionegro y por los socios estratégicos el día 22 de Septiembre de 2011, siendo otorgado el NIT 900436886-1.
2. En la actualidad, la sociedad continúa vigente y puede ser consultada en la Cámara de Comercio con el Nº de Matrícula 0074042 o con su número de NIT, por cualquier persona natural o jurídica interesada.
3. La sociedad contrata con la firma constructora, CASA, los diseños definitivos del proyecto mediante la modalidad de riesgo compartido por una cifra cercana a los 6.750 millones de pesos, basados en la resolución de adjudicación y con anuencia del Señor alcalde Alcides Tobón, como consta en Acta de Junta Directiva.
4. Con los documentos en firme, los empresarios salen a ofrecer el proyecto encontrando en menos de 15 días la aceptación de toda la banca en el municipio y generando grandes compromisos de inversión con importantes empresarios.
5. Para mediados de junio de 2012 los socios estratégicos consiguen de la compañía financiera inglesa, D´LOIS, la aprobación de un fondo para financiar el 100% del proyecto, y ofrecen un seguro cuantioso para dar seguridad jurídica y de inversión a colombianos y extranjeros para la ejecución del proyecto, gestión ésta que “es llevada al traste por la no entrega del lote por parte del actual alcalde Hernán Ospina”.

NEGATIVA DEL ALCALDE HERNÁN OSPINA SEPÚLVEDA

“Yo no le voy a hacer un monumento a Alcides Tobón.  Esa sociedad hay que liquidarla”.

Con esa contundente frase manifestó su desacuerdo el actual alcalde de Rionegro, con el trascendental proyecto “Centro Santiago de Arma”, ganado debidamente por licitación pública en la administración de su antecesor Alcides Tobón Echeverri.

La determinación tomó por sorpresa a los socios mayoritarios del proyecto y a la comunidad en general, cuando al tomar posesión el primero de enero de 2012, Ospina Sepúlveda, desconoció sin ningún sustento legal la vigencia de una empresa que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones contractuales, así como la necesidad para constituir una fiducia que ampare los lotes involucrados, a fin de que la sociedad pueda desarrollar la obra.

De acuerdo con la interpretación de los denunciantes tal posición obedecería a criterios de tipo político y no a la inviabilidad fáctica,  jurídica o de cumplimiento del proyecto, con lo cual Ospina estaría violando gravemente no sólo la imperativa legislación del régimen de contratación estatal, sino además el patrimonio municipal y el obligado interés general, inherente a la administración pública.

Para colmo de males, sostienen los empresarios, “el señor Ospina sin recibir atribuciones por parte del Honorable Concejo Municipal, el 8 de abril de 2013 le notificó a los socios estratégicos, mediante radicado 2013206760, que ha nombrado al señor Leonel Giraldo Álvarez  como amigable componedor para llegar a un acuerdo conveniente entre las partes, a fin de liquidar la sociedad “CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTES SANTIAGO DE ARMA S.A.S  

Destacan los empresarios que el alcalde desconoce tajantemente la ley, puesto que lo que se dispone es que ante una eventual falta de entendimiento entre los socios debe agotarse la convocatoria a un Tribula de Arbitramento que decida con el equivalente a una sentencia.

Dicha notificación, de acuerdo con los socios mayoritarios, es abiertamente ilegal e inmoral, y manifiestan también que fue firmada sin ningún criterio riguroso por el hoy precandidato a la Alcaldía del Municipio, Juan Alberto García.

A las incoherencias antes anotadas, afirman los empresarios, que a la fecha no se les ha devuelto el dinero puesto en garantía, ni se les ha hecho entrega del capital del que se habla en la Resolución Nº1468.

DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CIFRAS

Manifiestan los demandantes que el señor alcalde no parece haber calculado las pérdidas ni el detrimento patrimonial a que está induciendo al municipio, puesto que las cifras económicas y el desarrollo que estaría restándole, ya han sido calculados por la sociedad, en caso de continuar con su yerro administrativo el señor Ospina.

1. Se dejarían de invertir más de 600.000  millones de pesos en el municipio.
2. Se malograrían cinco mil (5.000) empleos directos y más de 900 empleos permanentes.
3. Se dejarían de percibir por Impuesto predial e impuesto predial unificado más de 36.000 millones de pesos anuales para el municipio.
4. El municipio pagaría una multa de más de 100.000 millones de pesos por el incumplimiento de un contrato legal.
5. El municipio quedaría sumido en un atraso de infraestructura y desarrollo de grandes proporciones.

INVIABILIDAD DE LA REVOCATORIA

De acuerdo con todo lo expresado por estos empresarios, que sienten lesionados efectivamente sus derechos con la posición del alcalde Hernán Ospina, se hace evidente la inviabilidad de una revocatoria directa del acto administrativo que legalizó la actual sociedad “Centro Integral de Transportes S.A.S”.

Más aún si se tiene en cuenta que, según los afectados, el actual Concejo Municipal ha considerado improcedente la expectativa del burgomaestre de liquidar unilateralmente una sociedad que tiene como fin desarrollar un estratégico proyecto para el municipio de Rionegro, y que en consecuencia el 01 de noviembre de 2013 le negó una solicitud para que se le concedieran unas facultades extraordinaria para liquidar la mencionada sociedad.

Además, por la Administración Municipal poseer menos del 2% del capital social, no reúne la capacidad accionaria mínima para tomar decisiones de tal naturaleza; esto sin considerar que en el acta de adjudicación se obliga a que la sociedad no es revocable de manera unilateral por ninguno de sus socios.

Explican también los demandantes, que el alcalde Ospina apoya su posición en el hecho de que el Concejo Municipal se equivocó en el acuerdo 062 en la transcripción del número de Matrícula Inmobiliaria,  en el que en vez de escribir 020-50224, escribieron 020-50244, refiriéndose al lote de “La Laguna Azul”, con lo cual desconoce que para tal predio no existe en consecuencia nada proyectado, ni doliente, ni licencia de urbanismo.

A lo anterior le salen al paso los empresarios afectados, que con apego a la ley contractual, sostienen que ese error es subsanable y relativo, dado que el error es de buena fe, se da sobre una mera transcripción y no en el objeto u otro de los elementos de existencia o de validez del contrato, y por lo tanto éste es totalmente válido.

 LA DEMANDA

De acuerdo con la parte pasiva de este conflicto; es decir, los empresarios perjudicados, con la posición del alcalde Hernán Ospina Sepúlveda, se han visto obligados a acudir a la activación de la jurisdiccional del Estado, aunque saben que el pago de una demanda de esas proporciones lesionaría no solo el fisco municipal, sino también el aporte legítimo en impuestos de todos los rionegreros de bien.

Sin embargo, sostienen, que amparados en los derechos fundamentales del derecho de petición, el debido proceso, la legítima defensa y el derecho de contradicción, proceden de la siguiente manera:

1. Una demanda ante el juzgado 11 Administrativo de Medellín en la que se está solicitando la Acción de Cumplimiento, envuelta tácitamente en todo contrato.
2. La Denuncia Penal ante la Fiscalía General dela Nación, en la delegada de delitos administrativos, contra el señor Ospina por la extralimitación en sus funciones como Burgomaestre, así como contra los funcionarios que motivaron el proyecto de acuerdo para liquidar la sociedad “CENTRO INTEGRAL Y DE TRANSPORTES SANTIAGO DE ARMA S.A.S”.
3. Una pretensión del pago de 100.000 millones de pesos, que son el valor indexado a la actualidad de la cifra tazada por la administración municipal del año 2010, como utilidad para el socio estratégico luego de los entregables del proyecto.

Anotan sin embargo los demandantes que no es  su deseo establecer una demanda con la pretensión del punto tercero, puesto que como han manifestado anteriormente ese pago lesionaría fuertemente el patrimonio económico del municipio y el de sus habitantes, pero que de proseguir la mala fe del señor Ospina Sepúlveda no tendrían otra opción, dado que entonces serían ellos los lesionados en su patrimonio particular.