Las víctimas fueron contactadas por una “corporación” en Medellín para entregar el 20 por ciento de los recursos de su indemnización con el falso argumento de agilizar el pago.
Tras identificar un intento de fraude, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hace un nuevo llamado a la población afectada por el conflicto para evitar que sean objeto de acciones fraudulentas con el fin de apoderarse de los recursos públicos destinados a la reparación a las víctimas.
Durante la reciente jornada de entrega de la indemnización administrativa a 160 víctimas realizada en Sabaneta (Antioquia), la mayoría de ellas manifestó que días antes fueron contactadas por personas que se presentaron como funcionarios de la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Estas las citaron en una oficina de un sector comercial de Belén.
De acuerdo con una de las víctimas, al acudir a la cita los recibieron personas que no se acreditaron como funcionarios y los indagaron por el pago del dinero proveniente del Estado. “Nos pusieron a llenar un documento con el radicado del proceso, los delitos victimizantes y el dinero que íbamos a recibir. Luego nos pidieron firmar un contrato que decía que debíamos pagarles el 20 por ciento de la indemnización, porque ellos habían agilizado los trámites para la reparación y que fuimos favorecidos, que si no fuera por ellos no recibíamos la indemnización ahora”.
Otro hecho que generó desconfianza en varias víctimas, tras firmar los documentos de la denominada Corporación Colombia Contigo, fue enterarse de que la oficina había sido abierta menos de un mes antes, que nunca se identificaron los nombres de los supuestos funcionarios y que no era una sede de la Unidad para la Reparación a las Víctimas.
Una vez conocida la situación, la entidad denunció estas actividades ante la Fiscalía General de la Nación por considerar que hay un intento de fraude a las víctimas y un caso de suplantación de funcionarios. Según Jorge Mario Alzate Maldonado, director territorial de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, “nos preocupa que las víctimas sean estafadas y les reiteramos que las medidas de reparación, como la indemnización administrativa es un derecho, por lo que los trámites son gratuitos”.
El funcionario cuestionó que en este caso, las víctimas fueron “contactadas para que firmaran un contrato para entregar el 20 por ciento de estos recursos públicos por una corporación que, de forma fraudulenta, accedió a una información confidencial sobre el grupo de víctimas que serían indemnizadas para cobrarles. Aclaramos que esta indemnización es resultado de la gestión de la Unidad para las Víctimas y no por su intervención”.
A las víctimas que firmaron el contrato se les informó de la invalidez del documento y se les ofreció el acompañamiento institucional para su tranquilidad.
De igual manera, la Unidad para la Reparación a las Víctimas reitera que los trámites, consultas y procedimientos son gratuitos y que las víctimas no necesitan intermediarios ni tramitadores para acceder a las medidas de reparación que contempla la Ley de Víctimas ni otros beneficios para esta población.
La Ley de Víctimas fue aprobada en el año 2011 con una vigencia inicial de 10 años y se financia año tras año con los recursos disponibles del Estado. La reparación integral es un proceso gradual y progresivo.
Desde la expedición de la Ley de Víctimas, 187 mil víctimas fueron indemnizadas en Antioquia con recursos por valor de 1,16 billones de pesos. En todo el país, la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha entregado esta medida de reparación a 590 mil víctimas del conflicto armado.
“El dolor de las víctimas no es un negocio”
Las investigaciones por conductas que defraudan a las víctimas comenzaron en el año 2013 por quejas de estas y ha conducido a judicializaciones de personas. “Desde el primer momento hemos estado en articulación permanente, no solo con la Fiscalía, sino con las demás autoridades, con el fin de llevar ante la justicia a este tipo de personas que se lucran gracias al dolor de nuestros compatriotas víctimas del conflicto”, ha manifestado Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Reparación a las Víctimas.
Con el fin de dar a conocer esta información y hacer pedagogía, la Unidad para las Víctimas lanzó en el año 2014 la campaña “Ojo con el Fraude, No como Cuento”. Se han realizado en el territorio nacional al menos 50 jornadas y charlas antifraude, además de ferias de atención en todo el país, con las que se busca hacer claridad a las víctimas sobre los trámites y servicios prestados.
Gracias a esa campaña se ha incrementado el número de denuncias. Hasta el año 2015 las quejas ascendieron a más de 4.100, de las cuales se han instaurado casi 1.100 denuncias ante la Fiscalía, con mayor proporción en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Tolima. Desde entonces se han capturado a 19 personas entre tramitadores, falsas víctimas y funcionarios por entregar información confidencial.
