Aunque en teoría su legitimidad no estaba en duda, la reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), llegó en un momento oportuno para dejar atrás cualquier sospecha o duda sobre una figura que tiene múltiples contradictores pero que es considerada por los campesinos como un avance en sus procesos de organización.
Se trata, nada menos, de uno de los temas que enfrentaron a campesinos y Gobierno Nacional en un paro que duró más de 50 días en 2013 y hasta de un punto de reclamación de la insurgencia que negocia en La Habana, Cuba, para poner fin a medio siglo de violencia.
Es, además, uno de los temas que en efecto se acordaron en La Habana, por ambas comisiones negociadoras, aunque no se conoce en detalle cómo sería tratado si se llega a un acuerdo final con las Farc.
La Corte avaló los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 a la Ley 160 de 1994, que regulan la creación de las zonas de reserva campesina y fijan una serie de criterios para su conformación y delimitación. Se trató de una decisión mayoritaria que fue bien recibida por varios sectores.
Esto, más que todo, porque si bien se trata de una Ley de gobierno del Presidente Ernesto Samper, y por tanto de un proceso legal, las opiniones surgidas en su contra, como de supuesta filiación armada, han calentado el debate sobre la legitimidad de las mismas.
Así para el presidente de la Fundación Cultura Democrática y actual integrante del Centro de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga, el pronunciamiento de la Corte es vital para rechazar estigmatizaciones por parte de sectores políticos que puedan afectar a los campesinos.
“No hay duda desde el punto de vista de la legitimidad y es absolutamente ridículo y desinformado que se le venga a atribuir a las zonas de reserva campesina a una opinión reciente de las Farc. Eso es esconder la propia realidad legal y constitucional y es injusto, estigmatizador e indignante que se venga a hacer una especie de señalamiento de la guerrilla que solo quiere ver por sus derechos”, señaló.
En ese sentido, lo que plantea Villarraga es la necesidad, primero, de quitar un estigma a una zona que busca en principio preservar una economía campesina, un espacio de protección del medio ambiente y un modelo distinto al de los grandes latifundios.
Algo parecido opinó el integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Juan Carlos Quintero, para quien es indudable que hay “ataques” en contra de la figura de las zonas de reserva.
“Las zonas de reserva han recibido una serie de ataques mediáticos, jurídicos, sea un avance importante para los miles y miles de campesinos que soñamos que nuestros territorios sean reconocidos por esa figura. Era una maniobra muy peligrosa que buscaba que es conquista que nosotros hemos logrado se fuera al traste”, opinó.
Por su parte, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) señaló que hay un interés en mantener el desconocimiento de la figura y que si bien hay pocos avances para sanear una deuda histórica con el campesinado, sí se trata de un paso para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio.
Tal vez por quitar ese manto de legitimidad que aún persiste, es que la decisión de la Corte toma vital importancia, pero en la práctica deja las cosas tal y como están y, de acuerdo con voceros consultados por Colprensa, hace falta voluntad política del Gobierno para cumplir con temas como el presupuesto que se le deben asignar a las zonas ya existentes.
¿Más zonas? vs La Habana
Actualmente existen seis ZRC en el país ubicadas en Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). Igualmente, también están en trámite otras siete zonas y en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se han radicado varias solicitudes más.
De acuerdo con Villarraga, el pronunciamiento de la Corte crea un ambiente favorable para la constitución de nuevas zonas y, para la integrante de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, es una contribución a la lucha campesina que ha venido pidiéndole al Gobierno Nacional que cumpla la Ley.
“No es como dice alguno de estos políticos, que son “republiquetas independientes. Si todo esto contribuye a ir quitando a distorsiones sobre lo que está pasando en la mesa de La Habana, que se han visto del Centro Democrático, ojalá ayude a entender mejor para donde va toda esta reforma de la tierra”, expresó.
No obstante, los peros van de lado y lado. Tras conocerse la decisión de la Corte, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dijo en una visita a Cúcuta, Norte de Santander, que no es una prioridad para el Gobierno Nacional la conformación de una nueva ZRC en el Catatumbo, que es precisamente lo que llevó a un paro el año pasado.
En diálogo con La Opinión, el ministro Lizarralde señaló que tras hacer una evaluación de las ZRC existentes, se halló que hay extrema pobreza y poco desarrollo.
“Entonces, todo lo que plantea la ley sobre el funcionamiento de una reserva campesina hay que empezar a hacerlo en las zonas existentes, antes de pensar en unas nuevas. De modo que la Zona de Reserva del Catatumbo no es prioridad para el Gobierno”, declaró.
Ante esta realidad, Ángel Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, le dijo a Colprensa que hace falta voluntad política pues, en su criterio, lo que ha hecho el Gobierno Nacional es estigmatizar las zonas y negarles los recursos que necesitan y que por Ley se deben conceder.
“No se está cumpliendo la Ley. Las zonas de reserva deben tener presupuestos anuales con el gobierno y con los municipios para inyectarle a estas zonas”, señaló Torres, quien además consideró que el tema no se está debatiendo ni apoyando por ser parte de los temas de la negociación en La Habana, Cuba.
“Los trabajos que se están haciendo en La Habana no los conocemos. Eso está allá, se han mandado propuestas y las comunidades, los campesinos, no sabemos qué se ha adelantado. El gobierno nos tiene estancados porque eso se está tratando en La Habana y no se puede supeditar el trabajo en las zonas a lo que pasa allá”, indicó.
Hablando de la negociación de La Habana, a juicio de Villarraga, hay que celebrar que el Gobierno Nacional y las Farc hayan incluido a las ZRC en el punto sobre tierras que se acordó ya, pero no se puede dejar de lado que existe con anterioridad una reclamación campesina y una Ley que desarrollar.
“Yo felicito al Gobierno y a las Farc por hacerle eco a esta positiva reivindicación campesina, pero finalmente no es al gobierno ni a las Farc a quien se le debe agradecer las zonas de reserva. Es una legislación de 1994, que ya tiene tradición y es una aspiración legítima de los campesinos independientemente de que exista o no una mesa de negociación”, apuntó.
En todo caso, ya se han mencionado algunos papeles que podrían tener las ZRC ante un eventual acuerdo de paz. La Academia, por ejemplo, ha mencionado la posibilidad de que se conviertan en una estrategia de reintegración social de desmovilizados y hasta para servir de terreno productivo trabajado por ellos.
Los indígenas
Ahora bien, un tema que no puede faltar es la reclamación indígena, precisamente porque la demanda que estudió la Corte Constitucional buscaba tumbar los artículos de la Ley 160 de 1994, por no haber sido consultados previamente por las comunidades indígenas.
La demanda presentada por el ciudadano Edwar Álvarez Vacca aseguraba que los indígenas resultaron afectados por la Ley por incitar a la colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos, afectando su mínimo vital. La acción fue acompañada por la Organización Nacional Indígena, por estimar que podrían estar en riesgo sus comunidades ante una eventual reclamación de tierras tras un acuerdo de paz con las Farc.
De hecho, en su concepto, el procurador Alejandro Ordóñez, había solicitado tumbar los artículos asegurando que sí se estaba afectando, “en forma directa y específica, a los pueblos indígenas y tribales en cuyos territorios se ha constituido o puedan llegar a constituirse Zonas de Reserva Campesina”.
Ante la discusión, la Corte zanjó la discusión señalando que, en adelante, si hay comunidades indígenas en territorios que pretendan incluirse en una ZRC, se deberá hacer consulta previa.
Así lo indicó el presidente de la Corte, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien aclaró: “la Sentencia dice en su parte resolutiva que para la creación de una zona de reserva campesina debe examinarse si en esa área existen territorios de pueblos indígenas o tribales o hay presencia de dichos pueblos, caso en el cual deberá garantizarles a ellos el derecho a la consulta previa”.
Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com – Galvis Ramírez y Cía. S.A.
