Un proyecto de Acuerdo radicado el 26 de julio del presente año y aprobado 5 días después por el Concejo municipal dejó en esta localidad un sinsabor en su trámite y a la comunidad confundida por lo que sería su alcance.
La compilación de normas y Acuerdos municipales que regulan el pago de tributos al municipio de Marinilla y que, según Johana Giraldo García, Secretaria de Hacienda era una tarea pendiente del Plan de Desarrollo, desató una discusión que trascendió en denuncias y señalamientos que hoy no parecen superados.
Un convenio firmado en agosto de 2016 con la Universidad de Antioquia, buscaba que Marinilla contara con los insumos necesarios para la actualización de su Estatuto Tributario. El documento que ya fue debatido y aprobado por el Concejo está acorde con la normatividad vigente, según explica la funcionaria responsable por las finanzas de Marinilla.
“Es un estatuto que da claridades en lo procedimental y sancionatorio”, según explicó a este medio la Secretaria de Hacienda al ser consultada sobre la necesidad de implementar un nuevo estatuto tributario. La funcionaria además se manifestó contraria a quienes dan por hecho que aumentará impuestos a toda la población, al respecto ratificó lo dicho en un boletín de prensa de la Alcaldía “…las tarifas que propone el nuevo Estatuto tributario se conservan en un 90% con respecto al anterior. Además, le dará seguridad jurídica al contribuyente”.
¿Un trámite express?
El 26 de julio en horas de la mañana, la administración municipal radicó el proyecto de Acuerdo “por el cual se adopta el estatuto Tributario de Marinilla”, en un hecho insólito, 2 horas después y en un debate que duró 30 minutos ya estaba siendo aprobado por parte de los Concejales miembros de la comisión de Presupuesto.
Una eficiencia que contrasta con la cantidad de Artículos, –más de 500- con un contenido técnico y altamente complejo por la información sensible en temas tributarios y de fiscalización. Esto no fue impedimento para que el trámite se hiciera en tiempo récord y pasara a segundo debate en plenaria del Concejo 3 días después.
Debate que resultó marcado por lo que sería una falta de socialización donde los comerciantes fueron los primeros en alzar su voz y exigir que se hicieran más claridades por lo que consideraban afectaría la comunidad con nuevos cargos fiscales y por ende su actividad empresarial.
También se pidió por parte de algunos Concejales, entre ellos Héctor Gómez Buitrago que el debate fuera suspendido para buscar más claridades y dar tiempo para su estudio. Según el Concejal, el documento contenía imprecisiones “este proyecto de estatuto podría ser copia de un documento que aplica para el municipio de Itagüí”, haciendo referencia que en el texto se incluyó el nombre de este municipio del Valle de Aburrá en alguno de sus apartes.
La solicitud de aplazar la discusión, para “además darle la oportunidad a la comunidad de Marinilla de conocer el Proyecto y tener oportunidad de ser socializado”, no fue aprobada y en cambio si obtuvo los votos necesarios para ser aprobado solo 5 días después de haber sido radicado en la Secretaría del Concejo.
También se dejó en evidencia que el tránsito en comisión se habría dado contrariando el reglamento interno del Concejo que estipula que, el Proyecto de Acuerdo debía tener como mínimo un tiempo de 10 días para ser debatido, además que no se habría socializado en plenaria ni nombrado el ponente atendiendo la normatividad vigente.
Denuncia de posibles irregularidades
El trámite del Proyecto de Acuerdo además dejó en el ambiente denuncias de posibles irregularidades, que fueron conocidas en redes sociales luego que el hoy ExTesorero municipal, Carlos Albarracín Turriago radicara una carta de renuncia, a su vez con señalamientos hacia la Administración municipal en las cuales se lee textualmente “nunca estuve de acuerdo con el manejo irresponsable que se dio a los contratos firmados por esta administración para la proyección del estatuto tributario”.
En otro aparte de la carta el exfuncionario también señaló a la Secretaria de Hacienda de haber ordenado manipular información contenida en documentos públicos, esta afirmación fue desmentida por la funcionaria a este medio. Dijo estar extrañada y manifestó la posibilidad de entablar las acciones jurídicas en contra del señor Albarracín”, a su vez aclaró que los documentos objeto de la denuncia nunca estuvieron bajo su custodia por ser de competencia del Tesorero municipal.
El Oriente contactó al denunciante para ampliar y aclarar aspectos relacionados con el documento y sus denuncias, pero finalmente se excusó y las declaraciones que en principio se mostró interesado en compartir no fueron conocidas para contrastar la información.
A la fecha de cierre de esta edición el Acuerdo municipal del 31 de julio se encontraba en sanción por parte del Alcalde municipal.
