El panorama laboral en Colombia enfrenta una crisis institucional tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos. Ante esta medida, el presidente Gustavo Petro reaccionó convocando a movilizaciones nacionales para el próximo jueves a las 4:00 p. m., buscando el respaldo popular para lo que ha denominado el “salario mínimo vital”. El mandatario, quien hablará al país este domingo en una alocución televisada, defiende que el incremento del 23,7 % es una medida necesaria para cerrar la brecha entre la productividad laboral y el poder adquisitivo de más de 2,3 millones de trabajadores.
La suspensión judicial se dio tras analizar los posibles efectos del decreto emitido el pasado 30 de diciembre, ordenando la expedición de una norma transitoria mientras se resuelve el fondo de la demanda. Mientras que el Gobierno sostiene que tiene argumentos técnicos y constitucionales de sobra para sustentar el aumento, diversos gremios empresariales han manifestado su preocupación por el impacto que una cifra de este calibre tendría sobre la inflación y la creación de empleo formal en el país. Petro, por su parte, insiste en que los cálculos de salario relativo respaldan la decisión y espera que la reunión de concertación citada para este lunes arroje resultados favorables para mantener el ajuste.
La tensión se traslada ahora a las calles y a las mesas de diálogo. La administración nacional busca demostrar que el incremento no es una medida arbitraria, sino una respuesta al rezago histórico de los salarios frente a la productividad. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado pone en pausa la ejecución de este pago, generando incertidumbre tanto en empleadores como en empleados que ya contaban con el nuevo monto en sus finanzas. El resultado de las jornadas de concertación y la masividad de las marchas del jueves serán determinantes para definir el rumbo de la política económica del Ejecutivo en este primer trimestre del año.
