La educación en Antioquia enfrenta una semana de tensiones tras el anuncio de un paro de 72 horas convocado por la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y diversas organizaciones sindicales para los días 24, 25 y 26 de febrero. La movilización, que ha llevado a numerosos docentes incluso hasta la capital del país, surge como una protesta contundente contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), debido a lo que los educadores califican como una “negligencia y abandono” en la prestación de los servicios de salud. Según el sindicato, las deficiencias en el sistema están poniendo en riesgo la vida de los maestros, quienes exigen soluciones inmediatas a las demoras en citas y tratamientos, declarando que la salud del magisterio se encuentra actualmente en “cuidados intensivos”.
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia emitió un pronunciamiento oficial en el que exige a los establecimientos educativos de los municipios no certificados mantener la prestación del servicio con total normalidad, en estricto cumplimiento del calendario académico vigente. La administración departamental fue enfática al aclarar que el cese de actividades no cuenta con el permiso del Ministerio de Educación Nacional, por lo cual ningún rector o autoridad local tiene la competencia legal para validar la alteración de la jornada escolar. En consecuencia, la Gobernación anunció que no habrá remuneración para los docentes que se sumen a la protesta, bajo la premisa legal de que el salario solo se reconoce por servicios efectivamente prestados, instruyendo a las alcaldías a realizar un control riguroso de la asistencia en las instituciones.
Pese a las advertencias administrativas, la Gobernación reiteró su respeto por el derecho constitucional a la protesta pacífica y reconoció la validez de las preocupaciones sobre el sistema de salud de los profesores; sin embargo, sostuvo que este derecho no puede vulnerar el acceso de los niños y jóvenes al servicio público esencial de la educación. El boletín oficial subraya que la continuidad del aprendizaje es una prioridad que debe prevalecer sobre las disputas administrativas con el Fomag, por lo que se espera un balance de cumplimiento en los próximos días para determinar el impacto real del paro en las aulas del departamento y proceder con los respectivos reportes de novedades de nómina para aquellos funcionarios que se ausentaron de sus puestos de trabajo.
