En un operativo desplegado bajo la estrategia “Juntos por Antioquia”, las autoridades intervinieron una fiesta electrónica que se desarrollaba de manera irregular en fincas de la vereda Los Micos, en El Peñol. El procedimiento, efectuado a las 3:00 a. m. del pasado 22 de febrero de 2026, fue liderado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán tras recibir alertas de la comunidad sobre la realización de un evento masivo que carecía de permisos legales y documentación comercial. Al ingresar al sitio, los uniformados encontraron a 128 personas, descubriendo con preocupación la presencia de 20 menores de edad, quienes fueron trasladados de inmediato para el restablecimiento de sus derechos por parte de las entidades competentes.
Durante el registro del lugar, la Policía incautó una cantidad considerable de sustancias ilícitas, entre las que se reportaron 261 gramos de marihuana, 65 cigarrillos de la misma hierba, 11 bolsas de tusi (cocaína rosa) y 27 bolsas de cocaína, además de un inventario de licores y cervezas que eran comercializados sin control. Como consecuencia directa del operativo, se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica del predio por 10 días y se impusieron cinco comparendos bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La intervención también se extendió a la movilidad, resultando en la inmovilización de un vehículo y cinco motocicletas que presentaban irregularidades en su documentación.
Este operativo en el Oriente antioqueño refuerza la política de control sobre los denominados “eventos clandestinos” en zonas rurales, los cuales suelen ser focos de vulnerabilidad para la juventud y escenarios de consumo de estupefacientes. Las autoridades municipales de El Peñol reiteraron que no se tolerará la organización de espectáculos que pongan en riesgo la integridad de los menores ni el orden público de las veredas. Los elementos incautados y los reportes de las sanciones adicionales por infracciones de tránsito quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras se evalúan medidas más severas contra los propietarios de los inmuebles involucrados.
