Un reconocimiento en la Política Pública para la Atención, Asistencia y Reparación Integral.
El pasado 15 de octubre La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas certificó al programa de gobierno departamental “Antioquia la más Educada”, como pionero en el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. El evento tuvo lugar en el Recinto Quirama, del Carmen de Viboral, mediante un acto protocolario en el que se reconocieron e hicieron visibles los esfuerzos del gobierno de Antioquia para hacer efectiva una Política Pública de asistencia a las víctimas.
A este acto de reconocimiento que la región ha ostentado desde el año 2013, asistieron el Secretario de Gobierno departamental, Esteban Mesa García, y el Director Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate Maldonado, quienes ofrecieron los detalles estratégicos con los que se ha logrado ese proceso positivo en materia de Derechos Humanos, y que la directora nacional de esa corporación, Paula Gaviria, ha querido replicar en todo el país.
Esa gestión del gobernador Sergio Fajardo y su equipo de colaboradores fue calificada con una nota de 100 puntos sobre 100, “como evidencia de que la página de violencia para las víctimas del conflicto armado en la región es asunto del pasado”.
Según
el Secretario de Gobierno de Antioquia, “este cierre de un proceso de casi cuatro años hace parte del Plan de Desarrollo del departamento, que busca una verdadera atención integral de las víctimas por parte del Estado”. De hecho, agregó, que con el mismo se ha superado la condición de vulnerabilidad para muchas familias antioqueñas, que se han liberado de la exposición a la violencia.
Resaltó el funcionario, además, que al restablecimiento de sus Derechos Fundamentales accedieron más de 2.100 familias, las cuales en razón de la integralidad del programa han logrado conseguir, entre muchas otras garantías, el registro de los niños, el acceso a la educación, cubrimiento en salud de calidad, mejoramientos de vivienda, vías de acceso idóneas, así como la reconstrucción de la infraestructura comunitaria y el emprendimiento de proyectos productivos.
Dijo también el Secretario que “con el marco de este proceso queda trazada la ruta que ha de continuar el departamento, para que más víctimas puedan superar su condición de vulnerabilidad”, y que Antioquia seguirá siendo pionera en este acompañamiento de apoyo y prevención, presentando de manera temprana más grupos para que sean evaluados, evitando así nuevas violaciones a los Derechos Humanos.
En cuanto al desminado y el no reclutamiento de menores por parte de grupos armados al margen de la ley, aseguró Mesa García, que son asuntos de altísima prioridad de este gobierno, para lo cual se han instalado mesas de Derechos Humanos en t
odas las subregiones del departamento, y se han reconocido todas las organizaciones de víctimas que se han articulado.
Concluyó el alto funcionario departamental, “que todo este trabajo nos ha hecho acreedores del reconocimiento de alta calidad en cumplimiento de la ley de víctimas”, y que este último año la calificación fue de Alto Sobresaliente.
Cabe anotar que toda esa estrategia de la mencionada Política Pública se encuentra enmarcada en la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral, que es la estrategia de articulación de procesos que dan respuesta efectiva a las solicitudes de las víctimas, fortalecen sus potencialidades y restablecen sus derechos, bajo la lógica de cada caso concreto.
Por su parte, el Director Territorial de la Unidad de Víctimas, Jorge Mario Alzate Maldonado, ante la pregunta de cómo va el proceso de reparación en el Oriente Antioqueño, dijo que el éxito de todo esto radica en que el tema de indemnizaciones ha sido coordinado entre la gobernación y los mismos municipios desde sus alcaldías, “resaltando que a septiembre de 2015 se ha avanzado en indemnizaciones por desplazamiento a 10.630 víctimas, por un valor de más de 46.000 millones de pesos, en su mayoría campesinos de San Luis, San Rafael, San Francisco, Granada, Cocorná y San Carlos”.
Destacó, Alzate, que este último municipio es el que mayor número de víctimas ha aportado a la problemática del oriente, pues allí se han indemnizado 2.820 personas, con una cifra que supera los 12.000 millones de pesos.
Este líder de los Derechos Humanos se refirió también a que en toda la subregión se ha logrado el desminado a gran escala, el retorno de muchísimas víctimas a sus parcelas, el restablecimiento en condiciones de seguridad, una mayor oferta institucional, y que “con la indemnización lo que se hace es un cierre de la condición de vulnerabilidad”.
Respecto de la Ruta Integral, sostuvo que con la Gobernación se ha trabajado constantemente para que los procesos sean articulados, que haya un acompañamiento a más familias, pero que principalmente “las víctimas pasen a ser nuevamente ciudadanos con derechos plenos y mayores garantías”.
Entre sus declaraciones, Alzate Maldonado, hizo un gran reconocimiento a todas las cooperativas del Oriente Antioqueño, pues considera que como “actores sociales que son, con su labor han posibilitado el arraigo de las víctimas, y han sido las primeras en tender la mano a sus comunidades victimizadas por el conflicto”.
Puso como ejemplos concretos a Coogranada y Creafam, del municipio de Granada, destacando que estas entidades del sector solidario se incorporaron tempranamente al desarrollo de su población. “Con ellas, por ejemplo, se ha hecho una adecuada inversión y un manejo ejemplar de los recursos”, concluyó.
Es bueno recordar que el éxito de todos estos procesos se fundamenta en la unión de esfuerzos tanto de la Gobernación de Antioquia como de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, que para continuar con el ciclo de acompañamiento integral, presentaron durante el evento de Quirama cincuenta nuevas familias para que sean evaluadas en su condición de vulnerabilidad, con lo cual Mesa García dice que se trata también de una plataforma para el posconflicto.
Esas cincuenta familias que se vincularon a la Ruta Integral para restablecer sus derechos y continuar con sus proyectos de vida, provienen principalmente de los municipios de Argelia, Nariño, Cocorná, Granada, San Carlos y San Francisco, en el Oriente Antioqueño, y unas pocas de otras subregiones, y tuvieron la oportunidad de estar acompañadas en esta tarea por la Unión Europea, El Sena Y algunas ONGs.
Con ese apoyo de la Gobernación, la Unidad de Víctimas, la Comunidad Internacional, y otras instituciones, se definieron los indicadores que permiten determinar de manera objetiva si una persona, una familia o un grupo social lograron o no superar su situación de vulnerabilidad. Esos indicadores tienen que ver con temas como la identificación de las personas, educación, cultura y deporte; salud, seguridad alimentaria, vivienda, acceso a la administración de justicia, atención psicosocial, sostenibilidad socioeconómica, restitución de tierras, e indemnización; esta última como cierre de todo el proceso, tal como lo aseveró Jorge Mario Alzate Maldonado, de Atención y Reparación de Víctimas de Antioquia.
DE LA GUERRA A LA RUTA INTEGRAL
Un conmovedor relato es el que narró Orlando Salazar a la directora de comunicaciones de la Unidad de Víctimas en el departamento, Sandra Milena Cruz Roldán, a propósito de la violencia que se instaló en el oriente de Antioquia a finales de la década de los noventa. En ese entonces la zona de bosques del Oriente Antioqueño; es decir, los municipios de Cocorná, Granada, San Luis y San Francisco, era quizá el territorio de mayor tragedia en todo el país.
Precisamente en Granada, de donde es oriundo este personaje de inapelable fenotipo granadino, la violencia no podía ser más perturbadora. Como él mismo cuenta con su apresurada dicción, “allí lo mataban a uno sólo por tener cédula de Santa Ana”, refiriéndose al corregimiento más típico de la guerra en el oriente, y de donde tuvo que huir instintivamente cuando cayó en la cuenta de que con su partida sólo iban a quedar en su pequeñísima patria chica tres ancianas desahuciadas y el cura párroco, como prueba anticipada de que a Santa Ana no la iban a borrar del mapa.
Como se dice en el argot paisa, Orlando tuvo que irse tan de prisa que sólo se llevó para Cali lo que tenía puesto encima para que no lo reclutaran. Allí, lejos de su vereda El Libertador, prometió que regresaría a su campiña y que todo volvería a ser igual. Su pronóstico no pudo ser más acertado, y aunque pasaron varios años de soledad y tristeza, la vida le compensó el desarraigo sufrido cuando, sin pensarlo, logró poner de nuevo su figura grácil sobre el suelo santanero.
Regresó a la región y rápidamente se convirtió en líder de su natal comunidad. Se incorporó a la Junta de Acción Comunal, de la que ahora es presidente, y empezó a conocer de la vida el sentido de la solidaridad, que en Granada es tan especial, que cuando arrasaron con el pueblo, al poco tiempo se hizo popular la frase: “Granada no se deja desgranar”.
Trabajó de la mano de “Prodepaz”, de “Reparación Colectiva” y de “Tejedores”, algunas de la ONGs que sirvieron de preámbulo de lo que hoy es la “Ruta Integral”, liderada por la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Víctimas. “Soy un líder que trabaja por Granada, y en especial por el corregimiento de Santa Ana”, dice, recordando que a su vereda y a su corregimiento les pasó lo que les pasó porque el gobierno los había abandonado.
Sin embargo poco a poco notó que el Estado se acercaba tímidamente, pero recuerda que el mayor apoyo para empezar de nuevo lo recibieron de las mismas colonias granadinas asentadas en Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades capitales. De esa fraternidad “surgió CAPSA, Corporación Amigos por Santa Ana, que fue el primer paso para que el corregimiento floreciera nuevamente”.
“Pero Santa Ana ya está muy bonito, lo mejor ha sido la ayuda de Unidad de Víctimas y la Gobernación; se han aprovechado muy bien los recursos y se ha avanzado mucho para salir del conflicto y de la pobreza absoluta”, y con la alegría ingenua de un infante, cuenta que hasta la vida económica ha mejorado bastante y de la convivencia ni qué decir, “pues antes uno ni saludaba a un vecino porque no se sabía si era de uno u otro grupo”.
Reitera el agradecimiento a las instituciones que lideran la Ruta Integral, “porque la seguridad ha mejorado mucho”, y ante la pregunta de la comunicadora sobre cómo se ha integrado su familia a la Ruta Integral, responde casi con apnea que “la Ruta llegó a cuarenta y siete familias de Granada, de la cuenca Santa Ana, en las veredas Buena Vista y El Libertador”, como queriendo decir que toda Granada es su familia.
Hace el recuento de otros procesos en los que ha participado como líder, y de los acompañamientos psicosocial y de diagnósticos de las necesidades prioritarias de su comunidad, “para poder seguir gestionando”; y despide la entrevista con una frase sencilla y contundente: – “Para mí es un orgullo estar en la Ruta y me gusta mucho todo lo que llega a la región y más que todo que es por la comunidad y por el bienestar de nuestra región”.
TOTAL ACUMULADO PAGOS DESPLAZAMIENTO | ||
MUNICIPIO | CANTIDAD GIROS | VALOR GIROS |
CAUCASIA | 2 | $ 8.316.000 |
ARGELIA | 227 | $ 1.577.836.333 |
URRAO | 617 | $ 2.489.732.913 |
SAN LUIS | 1.064 | $ 5.330.557.689 |
SAN RAFAEL | 1.096 | $ 4.143.514.123 |
SAN FRANCISCO | 1.178 | $ 4.975.871.891 |
GRANADA | 1.732 | $ 8.284.229.793 |
COCORNA | 1.894 | $ 7.575.131.346 |
SAN CARLOS | 2.820 | $ 11.973.928.905 |
TOTAL GENERAL | 10.630 | 46.359.118.993 |