Concejo de Rionegro estaría incurso en desacato, fraude a resolución judicial y detrimento patrimonial

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La afrenta a los magistrados y jueces por parte del Concejo de Rionegro, es además de insólito, un hecho grave e irresponsable que pone en riesgo la institucionalidad de la Corporación.

El desconocimiento a los fallos de los magistrados del Tribunal de Antioquia y del Consejo de Estado y luego de las decisiones de los Jueces 19 civil municipal y 18 civil del circuito de Medellín, que en respuesta a la acción de tutela interpuesta por Jhon Fredy Osorio Pemberty, protegían sus derechos fundamentales, dejan claridad del plan orquestado para nombrar a Carlos Andrés García Castaño nuevamente como Personero.

Aun cuando los fallos indicaron el derecho de Osorio Pemberty para ser nombrado Personero, la mesa directiva del Concejo optó por contratar nuevamente a la empresa responsable del descalabro en el Concurso de méritos para llegar a una nueva lista de elegibles.

Esta Empresa que según el Concejo de Estado permitió ilegalmente una nueva etapa en el cronograma, con la programación de una audiencia reservada para revisión de pruebas, fue investida nuevamente del poder para realizar etapas que ya estaban consolidadas y que los tribunales nunca invalidaron.

Desde el mes de Octubre de 2015 fecha en la cual la mesa directiva convocó el concurso de méritos ya se daban los primeros indicios, que quien fue contratado para hacerlos, no tenía ni la experiencia ni la idoneidad, dicho este año en varias intervenciones de los Concejales que cuestionaban el actuar de la firma ANI Omega.

Varias acciones de tutela, ordenes de los jueces para suspender el proceso y lo hecho el 7 de diciembre de 2015 por Giovanni García Martínez entonces Presidente del Concejo quien convocó una nueva etapa en el Concurso, la cual no estaba incluida en el cronograma demostraron la fragilidad del Concurso.

Con esto queda claro que la Empresa dedicada a la investigación y asesoría forense y criminalística, era más un convidado de piedra y que la manipulación que permitió del concurso se hizo demasiado evidente.

Tal y como lo confirmó el Consejo de Estado la decisión de permitir una nueva etapa en el concurso hizo que por arte de magia le diera mayor puntaje a quien venía en segundo lugar, esto fue determinante para que Carlos Andrés García Castaño quien no había solicitado revisión de sus pruebas en adelante fuera investido con el primer lugar en el concurso y finalmente elegido Personero.

La credibilidad del Concejo municipal

La Corporación de Rionegro perdió la poca credibilidad que le quedaba, con estas decisiones, los rionegreros por cuenta de esta manipulación entendieron que los intereses de una clase política están por encima de los que buscan una renovación de las instituciones.

Dejar a Rionegro sin Personero Titular por más de 6 meses es algo que favoreció los desmanes administrativos, pues no hubo vigilancia que atendiera debidamente las observaciones ciudadanas. También sucedía con quienes veían en la Personería una esperanza para la salvaguarda de sus derechos.

Los ciudadanos rionegreros reconocieron serias dudas en este proceso, que ya quedó marcado por la falta de garantías, en los cuales han sido reiteradas conclusiones de la justicia, quienes han dado por descontado no solo que se ha tratado de manipular la elección, sino en desconocer los fallos del Tribunal de Antioquia, del Consejo de Estado y más recientemente con el de los jueces de tutela.

Mientras el Concejo de Rionegro finalmente desarrolló un Concurso paralelo para elegir al Personero de su agrado, desconociendo que el Consejo de Estado invalidó su elección por lo que no podía ser incluido nuevamente en la lista de elegibles.

Actualmente proceden acciones en la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía quienes ejercerán no solo el control disciplinario sino el que se configuró con la responsabilidad penal de los concejales y la mesa directiva por desacato a las decisiones judiciales y por la negligencia del Alcalde de Rionegro que por fuerza de la ley, estaba obligado a corregir el camino de este cuestionado proceso de elección, que muy seguramente le significará cuantiosas demandas al erario público.

Queda la jurisdicción Internacional para demandar el incumplimiento por parte del Concejo y el desacato e incumplimiento a resoluciones judiciales.

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