El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
Según las autoridades, más de 7,5 millones de comparendos están bajo revisión debido a posibles incumplimientos de requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Entre las principales anomalías detectadas se encuentra la falta del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la legalidad y confiabilidad de estos sistemas.
De acuerdo con la investigación, 12 organismos habrían iniciado operaciones sin contar con dicho concepto técnico, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y otros 18 obtuvieron los permisos después de comenzar a operar las cámaras de fotodetección.
Entre las ciudades y municipios investigados aparecen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta decisión busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo por fuera de la ley.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo ilegal. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias”, afirmó la ministra.
La SuperTransporte reveló además que de los más de 7,5 millones de comparendos detectados, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos, representando recaudos superiores a $1,05 billones. Por esta razón, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver dichos recursos y enfrentar sanciones que superarían los $2,1 billones.
Asimismo, 5.832.906 comparendos que aún no han sido cancelados perderán validez y deberán ser revocados de oficio, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de conductores en el país.
Los organismos con mayores cifras de comparendos en la investigación son Cali, con 2,7 millones de multas; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil comparendos registrados mediante estos sistemas tecnológicos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que las actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las cámaras de fotodetección funcionen bajo el cumplimiento estricto de la ley.
