“Los principios de moralidad y transparencia”, que deben ser observados por los funcionarios públicos, fueron vulnerados, según la Fiscalía General de la Nación, no solo por los presidentes, sino por todos los concejales que eligieron irregularmente al Personero Municipal de Rionegro para periodo 2016 – 2020, Carlos Andrés García Castaño y quién renuncio a su cargo en los últimos días.
Esta semana fueron imputados ante un Juez de Garantías, en la Casa de la Justicia de Rionegro, los Concejales Daniel Alberto Arbeláez, Gildardo Valencia Castaño, Geovanni García Martínez, Luis Alfredo Ospina Gallego, Rodrigo Agudelo Hincapié, José Gregorio Orjuela Pérez, quién se desempeña como Secretario de Gobierno, Oscar Darío Arias Bedoya, Miguel Alexander Valencia, Dani Castaño, Fernando Valencia Vallejo, Omar Efrén Monroy, David Orlando Quintero, que hoy es el Gerente de Somos, Alonso Rendón Castrillón y Juan Sebastián Castro Henao por los supuestos delitos de “contrato sin el cumplimento de los requisitos legales y prevaricato por acción”, los trece concejales que tuvieron que ver en la elección y el Representante Legal de la firma ANI y Omega Ltda., empresa que fue contratada para para adelantar el concurso de méritos para dicha escogencia y qué según el Ente Acusador, “la Comisión Nacional del Servicio Civil certificó que no es una empresa idónea para adelantar este tipo de concursos, ni está registrada legalmente para hacerlo”, hecho por el cual hubo un detrimento patrimonial de veinte millones de pesos que fueron pagados a ANI y OMEGA Ltda., representada por Juan de la Cruz Araiza quien estuvo presente, pero no se acogió a los cargos de la imputación. Representante Legal que ha sido cuestionado en su idoneidad por cuanto su profesión y ejercicio económico es el de taxista.
Dicha empresa, ANI y OMEGA, realizó un sinnúmero de concursos para el cargo de Contralor y Personero, en los que se destacan los siguientes municipios: Rionegro, La Ceja, El Retiro, Itagüí, La Estrella, Copacabana, entre otros. Esta situación se ha convertido en una clara burla al sistema de méritos, ya que los derechos de las comunidades, por los que deben velar los personeros municipales, no pueden estar avalados por empresa de papel sin ningún tipo de idoneidad para esta clase de concursos.
Los delitos imputados y que se encuentran tipificados en los Artículos 410 y 413 del Código Penal Colombiano, de ser demostrados por la Fiscalía General, no solo sacaría a los concejales de la vida pública, sino que los enviaría a prisión por un tiempo, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos en el futuro.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos por lo que el proceso continuara hasta el fallo final en el que un Juez de la Repúblicadeterminara su culpabilidad o inocencia.
