Las posibles afectaciones ambientales que proyectos “PCH” desarrollados actualmente en este municipio de la zona páramo, tienen en vilo a comunidades rurales que han advertido el impacto que pudieran estar generando en los nativos y en el medio ambiente.
En Sonsón, en los últimos años inversionistas han llegado al territorio con la idea de establecer allí sus proyectos de generación de energía, pero como ha sido común en varias regiones se han encontrado con la resistencia de habitantes y líderes sociales quienes manifiestan entre otras que, “se pretende vender la idea a los campesinos que estos proyectos les traerá mejores oportunidades para su calidad de vida, con empleo y desarrollo para el municipio”. Movimientos organizados en el territorio han promovido acciones en contra de las iniciativas empresariales, como forma de contrarrestar lo que para ellos es otra cosa: “el desplazamiento y pérdida de la vocación agrícola de los nativos y las afectaciones al recurso hídrico que impactan directamente en los ecosistemas”.
A la fecha se tiene conocimiento de ocho microcentrales que tienen jurisdicción o parte de ella en este municipio. Aures Bajo S.A.S. E.S.P. e Hidro Arma S.A.S. E.S.P, ambas ubicadas en el corregimiento de Alto de Sabanas, zona de alta producción agrícola y pecuaria, y otras seis que aún se encuentran en etapa de licenciamiento. La primera es un proyecto privado de una sociedad que lleva su mismo nombre, y la segunda una empresa de servicios públicos mixta, controlada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA”, entidad adscrita a la Gobernación de Antioquia.
El reclamo de las comunidades
En el caso de la PCH Aures Bajo, la queja de los líderes radica especialmente lo que sería el incumplimiento de las obligaciones legales, entre ellas los estudios de impacto ambiental y las intervenciones en zonas donde tradicionalmente han desarrollado sus cultivos o se han dedicado a labores pastoriles.
Según información suministrada por uno de los líderes de estas comunidades, “quienes habitan las áreas de impacto de estos proyectos han reportado enfermedades respiratorias, daños en los cultivos y contaminación del agua, a causa de la polvareda que se extiende a través de las carreteras que comunican la vía principal con las microcentrales”. Esta razón tiene hoy enfrentadas las organizaciones ambientalistas y veedurías con el Consorcio y en alerta a la institucionalidad que debe velar por el normal desarrollo de este proyecto.
“También se han reportado deslizamientos sobre y en los predios de los habitantes del sector, dañando sus cultivos y viviendas. En la parte baja, a orillas del río, los deslizamientos de tierra se han llevado a su paso el bosque nativo. Además se encontró que gran parte de la tierra removida en las construcciones ha sido lanzada al río para evitar el trabajo de trasportarla a otros sectores”, agregó el líder comunitario.
Los campesinos y sus representantes han documentado, en escritos conocidos por este medio a las autoridades y entes de control donde hablan de sus preocupaciones, especialmente las afectaciones por las vías de las veredas Naranjal y La Loma que conectan la carretera principal con la sede de la PCH, pues aparte de la contaminación ambiental y los daños en los cultivos y viviendas de los campesinos, se descubrió que la carretera de la Loma fue construida sin ser autorizada la licencia ambiental ni comprados los predios por donde fue trazada. Parte de esta información fue confirmada por Cornare en visita de inspección realizada en el mes de junio donde encontró que la empresa venía realizando tales actividades por lo que procedió a emitir medida preventiva para suspender los trabajos.
Los representantes de estas comunidades le reclaman a la autoridad ambiental Cornare acciones contundentes para evitar que se continúen vulnerando los derechos de los habitantes de las cuencas de ríos Aures y Arma. La respuesta no ha dejado contentos a estas organizaciones y pidieron, esta vez en Audiencia pública fueran escuchadas nuevamente las partes.
Nada de lo dicho en la Audiencia era nuevo para los actores de esta controversia, en el mes de julio representantes de la empresa, el Alcalde municipal, representantes de Cornare líderes ambientalistas ya se habían reunido para hablar de la problemática, donde hicieron énfasis en que empresa no había respondido por los daños y perjuicios que se venían presentando a raíz de la construcción de la carretera.
La Audiencia Pública Ambiental que tuvo lugar en Sonsón el pasado 18 de octubre, dejó en evidencia una vez más las afectaciones que a juicio de los convocantes se estaban produciendo, no solo en temas medioambientales sino en los impactos sociales sobre los campesinos. Finalmente este nuevo espacio deja más inquietudes que soluciones y a los líderes y campesinos en estado de alerta por lo que serían las consecuencias en el corto y mediano plazo.
Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas o PCH que tienen una capacidad instalada entre 1.000 y 20.000 kW, a filo de agua, se han convertido en una alternativa para la generación de energía donde los costos económicos y ambientales son proporcionalmente muy inferiores a los de las tradicionales centrales hidroeléctrica que han dominado el sector en Colombia, entre ellos los impactos que conlleva su construcción como los ecológicos, sociales, la inundación de tierras o los reasentamientos humanos.
En Colombia, hay registro que a finales de 1889 se implantaron las primeras PCHs con sede en jurisdicción de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, donde las crisis energéticas de comienzos de la década del 70 y la denominada crisis del sector eléctrico, durante el racionamiento en 1992, motivó el desarrollo de alternativas locales para el suministro con fuentes no convencionales.
