“No entendemos como un Alcalde que prometió apoyo a la población más vulnerable nos arrebata el pan de la boca”. Don Manuel Adán es reciclador de oficio, y con lágrimas en los ojos relata lo que es hoy su calvario en lo que ha sido actividad por 30 años, la misma que le ha dado el sustento a él, a su esposa de 69 años, a su hijo Ferney en situación de discapacidad y sus dos nietos que quedaron huérfanos a los 2 y 4 años.
La historia de Don Manuel se repite, y recuerda como hace dos años escuchaban en la época electoral como el actual Alcalde les hablaba de dignificar la labor y darles mejores condiciones de salud, vivienda y mejorar su capacidad operativa para la comercialización del material que a diario recogían en los sectores urbanos y rurales de Rionegro.
Abandonados a su suerte
El año 2016 daría un giro a las condiciones de inequidad de la población recicladora local, que históricamente se ha dedicado a esta actividad en este municipio. Un número cercano a los 200 recicladores, agremiados en las Cooperativas Servimos y Planeta Verde han visto como desde la Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente se orquestó lo que hoy tiene en la práctica aguantando hambre a esta población altamente vulnerable.
El primer año de gobierno del Alcalde Andrés Julián Rendón, abrió las puertas para que se instalara en la localidad una nueva empresa que prestaría servicios de recolección de material reciclable. Allí jugó un papel fundamental el médico e ingeniero Jorge Humberto Rivas, Secretario de Hábitat del municipio, quien en una postura bastante desconsiderada desprotegió la labor de los recicladores de oficio y permitió en cambio la llegada de una empresa que no se reconocía en el ámbito local como prestador de servicios.
Tal hecho generó no solo desconcierto, sino la creación de un ambiente de tensión entre los recicladores agremiados y los directivos de Ciclo Total, empresa con un sitio web y una bodega en Marinilla que dice dedicarse “a la prestación del servicio público de aseo y aprovechamiento de los residuos sólidos” y que además viene promoviendo en la región servicios que hasta ahora eran prestados por hombres y mujeres humildes y que decisiones recientes de la Corte Constitucional han querido proteger.
Paradójicamente mientras los altos Tribunales están fallando a favor de los recicladores de oficio, en Rionegro la entidad encargada de implementar políticas para favorecerlos, les arrebata de un tajo lo más preciado que tienen: el cartón, el vidrio, el plástico y otros materiales que les dan el sustento diario.
Las 2 Cooperativas de recicladores en este municipio acumulan un trabajo de 27 y 17 años, juntas reportan al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios públicos, un promedio 170 toneladas de material recuperado al mes, número que contrasta con lo que una empresa nueva en Rionegro, que entre otras cosas, no agremia los recicladores sino que compra material en la calle, ha acreditado ante el organismo de control nacional al menos 400 toneladas en igual período de tiempo.
Resulta absurdo que con el aval entregado por la Alcaldía, en cabeza de su Secretario de Hábitat esta empresa ajena a Rionegro esté recolectando el doble de lo que históricamente produce y recuperan las Cooperativas locales. Este despropósito tiene indignados a los recicladores de oficio y a sus familias en un estado de completa indefensión.
La legitimidad de este nuevo actor en la recolección, facilitada por el Secretario de Hábitat ha ocasionado además enfrentamientos con quienes se declaran independientes, pero que a su vez le venden a la empresa foránea. De cuenta de esta situación ya se han presentado agresiones por los que sería el control sobre el material y la falta de garantías para la recolección.
Mientras en municipios de la región, los prestadores y funcionarios de las administraciones protegieron a sus recicladores de oficio, en Rionegro la Alcaldía en cabeza de la Secretaría de Hábitat no solo le facilitó a Ciclo Total la llegada a la localidad, sino que además le entregó el 50% de las rutas de recolección, diseñadas a partir de un estudio hecho en 2016 y que consideró incorporar nuevos actores en el componente de recuperación en el momento preciso cuando se pagará por hacerlo, según lo establece la normatividad actual.
Muy curioso resulta que en el Plan de Gestión Integral de Residuos, PGIRS, la Alcaldía reconoció la existencia en 2016 de 211 recicladores y a la fecha este número se ha incrementado exponencialmente dándole a otra empresa el manejo en teoría el 60% del reciclaje obtenido en el municipio.
Las acciones afirmativas con los recicladores
La sentencia T-724 de 2003 se constituyó como el punto de partida para proteger los derechos de los recicladores. Desde ese momento se empezó a hablar de las acciones afirmativas, un mensaje para las Alcaldías, las cuales debían garantizar condiciones de igualdad para un grupo de la población que a esa fecha era objeto de exclusión o marginalidad.
En especial la normatividad habló de la inclusión social, donde el fortalecimiento organizacional y la capacitación para el emprendimiento tenían un capítulo especial. Pero más aun lo que significaría lo dispuesto por Auto 275 de 2011 de la Corte Constiucional, refrendado en el decreto 596 del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que le otorgó al componente de aprovechamiento un lugar en la tarifa de recolección del servicio de aseo, esto es, la posibilidad de cobrar por lo que hasta el momento era una labor no remunerada.
Allí aparecieron en el escenario supuestos operadores y empresas que con evidentes mejores condiciones económicas y capacidad técnica y operativa se animaron a meterse de lleno al “negocio”, donde con la complicidad de funcionarios públicos entraron a localidades y municipios a usufructuar lo que era de los recicladores agremiados. Estas empresas en buena parte pertenecen o tienen una relación de parentesco o amistad con personas que ostentan posiciones con poder político y ahora de la noche a la mañana se convirtieron en los nuevos “capos del reciclaje”.
El espíritu de la normatividad es que los recicladores mejoren su calidad de vida a través de la organización, lo que se ha desdibujado con la entrada de empresarios que poco o nada practican o saben de asociatividad.
