En días pasados, el Juez Promiscuo Municipal Lizardo de Jesús Vargas Montoya, del municipio de El Peñol, revocó la medida preventiva de privación de la libertad en sitio de residencia, que se había tomado el 12 de diciembre en contra del alcalde de ese municipio, José Cirilo Henao, su Secretaria de Desarrollo Comunitario, Martha Zuluaga Usme y la Representante Legal de COAP y Contratista del Municipio, María Natalia Bedoya Marín.
Esta medida, que no modifica los cargos que fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación -ni concluye el proceso- fue apelada por el ente acusador y, en las próximas semanas, el Juez del Circuito de Marinilla tendrá que resolver entre mantener la decisión de la “detención preventiva” o mantener lo decretado por el Juez Vargas Montoya.
Los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde Cirilo y las dos funcionarias no son de poca monta, se trata de “Peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público”.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se recogieron diferentes pruebas, documentales y testimoniales que sirvieron para imputar los cargos mencionados, se determinó que el 18 de agosto de 2016, el mandatario municipal suscribió el convenio 021 del 2016, con una corporación ambiental del municipio – COAP, con el que se buscaba el “Fortelecimiento del Sector Agropecuario”.
De acuerdo con el contrato, la administración municipal aportó 47 millones de pesos y la corporación otros cuatro millones de pesos. Sin embargo y al parecer, la razón del convenio nunca se llevó a cabo.
La Fiscalía General de la Nación concluyó que: “Aunque los dineros se pagaron en su totalidad, las capacitaciones nunca se ejecutaron y los recursos habrían sido utilizados con fines diferentes”, informó en ente acusador en un comunicado.
El mismo Alcalde en un comunicado público, en el mes de diciembre, después de la medida preventiva tomada inicialmente, aseguró que: “quiero manifestarles que mi acusación radica en la entrega el año pasado de 1000 pares de botas, 500 machetes y otros elementos menores en un ejercicio que realice personalmente vereda a vereda”, ejecución bien diferente al objetivo del Contrato firmado con COAP en el que se buscaba el “Fortalecimiento del Sector agrapecuario”, comunicado en el cual el mismo Alcalde acepta haber desviado 47 millones de pesos.
Otros Procesos
Ahora bien, este no es el único proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde José Cirilo Henao, según el SPOA de ese ente acusador, son tres los procesos que se encuentran bajo investigación preliminar y que pueden terminar en nuevas imputaciones en el futuro inmediato contra el Alcalde y otros funcionarios de su administración.
Además, se espera la audiencia en la que la Contraloría General de Antioquia fallará el proceso que adelanta por el Convenio 021, el mismo por el que la Fiscalía imputó los cargos al Alcalde y las funcionarias en mención.
Decisión Cuestionada
Algunos ciudadanos de El Peñol, al conocer la decisión del Juez Promiscuo Municipal Lizardo de Jesús Vargas Montoya, han cuestionado a través de las redes sociales esa decisión, toda vez que su compañera permanente, Jenny Marcela Ossa Castaño, ha sido contratista de los programas gerontológicos del municipio y su jefe directa ha sido, ni más ni menos, que Martha Zuluaga Usme, una de las imputadas por la Fiscalía en el proceso en el que el Juez revocó la decisión inicial.
El último Contrato de Prestación de Servicios, que se puede encontrar en el SECOP, con el número 050 del 2017, por diez meses y quince días, y por un costo total de doce millones seiscientos mil pesos, fue firmado por el alcalde José Cirilo Henao el 1 de febrero del 2017.
Proceso continúa
Es necesario aclarar que tanto el alcalde José Cirilo Henao, como la Secretaria de Desarrollo Comunitario Martha Zuluaga Usme y la Contratista María Natalia Bedoya Marín siguen vinculadas al proceso penal que determinará cuando concluya, en algunos meses, la inocencia o culpabilidad de dichos funcionarios.
Mienten quienes a través de informes periodísticos o de las redes sociales han afirmado que se ha había determinado, en el fallo del Juez Promiscuo Municipal, la inocencia o exoneración de los cargos. Esas informaciones no son ciertas.
Tendremos que esperar la decisión que en segunda instancia tome el Juez del Circuito Judicial de Marinilla cuando resuelva la apelación de la Fiscalía frente a la revocatoria de la medida de aseguramiento preventivo en su lugar de residencia que había sido dictaminada inicialmente.
También, habrá que esperar algunos meses para conocer la decisión final en este proceso que ha generado zozobra en la población de un municipio maravilloso e histórico, como es El Peñol.
Por: Óscar Castaño Valencia
