El aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro y segunda terminal aérea más importante de Colombia, movilizó en 2024 a más de 13,7 millones de pasajeros, consolidándose como un eje clave para Medellín y el Oriente antioqueño. Sin embargo, este crecimiento ha puesto en evidencia un problema que persiste desde hace años: el conflicto entre los taxis autorizados “raya azul” y el transporte ilegal que opera en sus alrededores.
Los “raya azul” y la exclusividad cuestionada
Los “raya azul” son un grupo de alrededor de 270 taxis con acreditación oficial y franjas azules en su carrocería, creados para ofrecer un servicio seguro, ordenado y con tarifas reguladas desde el aeropuerto hacia Medellín y municipios vecinos. Este modelo buscaba garantizar control y protección a los miles de usuarios que cada día transitan por la terminal.
No obstante, esta exclusividad ha sido socavada por el crecimiento del transporte informal: particulares, taxis amarillos sin permiso y conductores de plataformas digitales que, aunque legales en otros contextos, no cuentan con la autorización expresa para operar en el aeropuerto. Esta competencia desleal genera desorden y afecta directamente los ingresos de los taxis autorizados.
Operativos y medidas recientes
En octubre de 2024, la Secretaría de Movilidad de Rionegro prohibió el estacionamiento de los “raya azul” en varios puntos del aeropuerto, señalando problemas de congestión y desorganización. La medida provocó protestas y bloqueos, que derivaron en una mesa de diálogo entre la Alcaldía, Airplan, la Policía, la Personería y los taxistas, con compromisos para reforzar los controles y buscar un equilibrio entre legalidad y movilidad.
Durante 2025, las autoridades intensificaron los operativos. En mayo, se impusieron 74 comparendos y se inmovilizaron cinco vehículos informales cerca del aeropuerto. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad, asegura que mantendrá estas acciones para proteger a los pasajeros y garantizar un entorno más seguro.
La seguridad en el radar
A esta disputa se suma la preocupación por la seguridad en la terminal. En los primeros meses de 2025, la Fiscalía y la Policía capturaron a tres sujetos responsables de al menos 42 hurtos, quienes aprovechaban la llegada de pasajeros para robar en zonas de parqueo y accesos viales. Esta acción resaltó la vulnerabilidad del aeropuerto ante distintos tipos de delitos.
Entre la piratería y el derecho a elegir
Los taxistas “raya azul” denuncian que enfrentan una competencia desleal porque, mientras deben cumplir con estrictas regulaciones y tarifas fijas, los informales operan sin restricciones, captan pasajeros en cualquier lugar y ofrecen precios más bajos, afectando su estabilidad laboral.
Por otro lado, usuarios y defensores del transporte informal argumentan que tienen derecho a elegir, especialmente cuando el servicio autorizado no cubre la alta demanda en horas pico, y valoran las ventajas que ofrecen las aplicaciones, como trazabilidad y pagos electrónicos.
Esta divergencia de intereses ha complicado la búsqueda de soluciones definitivas. Las autoridades reconocen que, dada la alta afluencia de pasajeros y la configuración del aeropuerto, es complejo erradicar la informalidad por completo.
Autoridades en terreno, pero sin soluciones definitivas
La Alcaldía y la Policía mantienen su compromiso con el orden y el diálogo, pero cada operativo genera respuestas opuestas: los “raya azul” celebran que se actúe contra ilegales, mientras los conductores informales denuncian persecución, generando un ciclo de tensión constante.
La capacidad del aeropuerto, diseñado para un volumen menor de pasajeros, se ha visto sobrepasada, lo que facilita la presencia de múltiples actores que disputan el mercado del transporte, convirtiéndolo en un botín diario bajo una presión constante.
El futuro inmediato
Para los próximos meses, se espera la continuidad de los operativos y mesas de diálogo. Medidas como la eliminación de la “planilla amarilla” para taxis de municipios cercanos y la reducción de tarifas pueden influir en la dinámica, aunque su eficacia aún está por comprobarse.
El conflicto en el José María Córdova refleja una compleja suma de intereses económicos, desafíos de seguridad y tensiones sociales que permanecen sin una solución clara. Mientras los “raya azul” defienden su espacio, la informalidad persiste y la seguridad continúa siendo una preocupación crítica para los millones de viajeros que transitan por esta puerta de Antioquia.
