La crisis en Oriente Próximo alcanza niveles alarmantes este martes 3 de marzo de 2026. La Media Luna Roja iraní actualizó el balance de víctimas fatales, elevando a 787 el número de muertos como consecuencia de los ataques ejecutados por la coalición de Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero. Esta cifra representa un salto trágico frente a los 555 fallecidos reportados apenas el lunes, confirmando que la intensidad de la operación “Furia Épica” no ha dado tregua a los centros urbanos.

 

Por su parte, la organización Hrana, con sede en Washington, ofreció un desglose aún más preocupante sobre la naturaleza de las bajas. Según sus registros, al menos 742 de los fallecidos son civiles, destacando una cifra desgarradora de 176 menores de edad que han perdido la vida. Además, se reportan 971 heridos y más de 600 fallecimientos adicionales que permanecen en proceso de verificación, una tarea dificultada por el bloqueo casi total de internet y las severas restricciones de movimiento impuestas en las zonas de combate.

 

Escalada regional y bombardeos cruzados

El cuarto día de hostilidades ha estado marcado por una expansión del conflicto hacia otros frentes:

  • Ataques en Teherán y Beirut: Israel intensificó sus incursiones aéreas contra objetivos estratégicos en ambas capitales.

  • Respuesta de Hizbulá: El grupo chií confirmó el envío de drones de ataque contra una base militar en territorio israelí.

  • Acciones de la Guardia Revolucionaria: Irán afirmó haber destruido una sede militar estadounidense en Baréin, lo que eleva el riesgo de una confrontación directa con otras monarquías del Golfo.

“Las cifras son provisionales y podrían ser mucho mayores debido a la interrupción de las comunicaciones y la imposibilidad de realizar verificaciones independientes en tiempo real”, advirtieron portavoces de organismos internacionales.

A medida que el humo de las explosiones sigue cubriendo el centro de Teherán, la Casa Blanca y el Gobierno de Israel continúan defendiendo la legitimidad de sus ataques, argumentando la necesidad de desmantelar la capacidad nuclear y operativa del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Jameneí. Sin embargo, la alta proporción de víctimas civiles y el ataque documentado a infraestructuras educativas han puesto a la coalición bajo la lupa de la ONU por posibles crímenes de guerra.

 

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