A pesar de que desde el año de 1997 fue aprobada la concesión para la construcción del megaproyecto Túnel Aburrá – Oriente, que pretende acercar al Oriente antioqueño con la ciudad de Medellín, el concesionario generó los estudios pertinentes para evaluar el impacto ecológico que tendría en las zonas designadas para la construcción de esta obra y además Cornare aprobó el pasado 14 de marzo la licencia ambiental, considerando que las afectaciones ambientales pueden ser mitigadas y compensadas, y que los problemas de abatimientos de agua pueden ser controlados; los pobladores aún se oponen al desarrollo de estas obras, poniendo en duda la pertinencia y necesidad de la misma para la región.
El pasado primero de mayo el consejo consultivo de planeación y presupuesto participativo del municipio de Rionegro, los representantes de las juntas de acción comunal y otras organizaciones del Oriente antioqueño se reunieron en el auditorio de la terminal de buses del municipio, atendiendo a la iniciativa de la corporación ecológica y cultural Penca de sábila, colectivo que viene haciendo resistencia a la ejecución de este megaproyecto, con el fin de discutir sobre este tema y otras situaciones similares que han ocurrido en el país y que han sido suspendidas por motivos ambientales.
Según Liliana Salazar Restrepo, Asesora jurídica y académica de la corporación, el propósito principal era “ informar a las comunidades de asuntos que se han tratado en el proyecto pero que no se han socializado, ni han sido suficientemente debatidos, ni informado a las comunidades, para que de manera consciente y responsable decidan sobre esta obra; además de que se empoderen y utilicen todos los mecanismos legales pertinentes para evitar que en su territorio se desarrollen obras que no están acordes con la decisiones, que con relación a la autonomía territorial tienen cada una de las personas que habitan en el Oriente antioqueño.”
Para la corporación aún es posible echar para atrás la construcción de la obra, partiendo de la premisa general en el derecho de que las cosas como se hacen se deshacen, y si bien hay una licencia, están todos los mecanismos jurídicos y administrativos para prevenir que suceda, según ellos, una ilegalidad de orden ambiental, legal y técnico.
Para los participantes del foro el gran problema sigue siendo el costo de la valorización que deberían pagar los municipios, como ya lo han expresado de forma repetitiva los alcaldes del altiplano, y a lo cual se oponen rotundamente; aunque por otro lado, consideran que desde el derecho a la participación y a la autonomía de las entidades territoriales tienen toda la autoridad de decir que la obra no trae ningún beneficio a la comunidad y por el contrario afecta fuertemente todo el ecosistema y la vida a los pobladores, y aún tienen la esperanza de que esta construcción no se efectúe.
Si esta situación se diera, no sería la primera vez que un hecho como estos se presente, pues a nivel nacional se han existido experiencias satisfactorias en defensa del cuidado de los bienes ambientales, como el caso del proyecto de Angostura, ubicado en el Páramo Santurbán, en el departamento de Santander; en el cual, producto de la movilización, las acciones ciudadanas y de las autoridades ambientales, quienes consideraron el proyecto como una amenaza para el ecosistema, se retiró en marzo del 2011 la solicitud de licencia ambiental para la explotación minera.
Otro caso puntual fue el del municipio de Piedras, en el departamento de Tolima, donde a mediados del año pasado los pobladores empezaron a rechazar la explotación minera, y pidieron que se tuviera en cuenta su opinión, por la cual hicieron uso de las mecanismos de participación ciudadana y a través de la consulta popular el 99,2 por ciento manifestó de forma unánime que no querían que se desarrollaran estas labores en su territorio. Aunque el gobierno indicaba que los recursos del subsuelo eran de la Nación y su futuro debía ser definido por este mismo, porque que era una obra de orden nacional; ante este caso la corte constitucional se pronunció, condicionando a que las empresas cuenten con el beneplácito de las comunidades, para el desarrollo de futuros proyectos mineros y petroleros, con lo cual se deja claro que última palabra no la tiene las autoridades, ni el gobierno nacional, sino las comunidades.
Por último, con relación al desarrollo de las obras en el Oriente antioqueño, la corporación ecológica y cultural Penca de sábila, dice “que el papel de la autoridad ambiental ha sido irresponsable, porque no ha actuado debidamente y ha violado el debido proceso administrativo, incurriendo en fallas técnicas y administrativas” y adicionalmente exige que se consulte a las comunidades sobre la necesidad de construir o no este megaproyecto, porque en última instancia quienes resultan afectados son los pobladores.
