Desde hace 20 meses, 116 familias de Rionegro, que vieron en el edificio Altos del Lago una solución de vivienda, fueron evacuadas de sus apartamentos mediante el Decreto de Calamidad Pública 048 emitido por la Administración Municipal de Rionegro, ya que, según el análisis realizado por la Universidad Nacional, institución contratada por el municipio para hacer los estudios patológicos, arrojaron que la edificación presentaba fallas estructurales que podían hacerla colapsar.
No obstante, cuenta un grupo de copropietarios de Altos del Lago, integrado por Jhon Jairo Parra, Iván Madrigal, Gloria Patricia Giraldo y Jhon Faber Castaño, que la Administración Municipal, aun conociendo desde junio de 2016 la problemática que se le había diagnosticado al edificio, permitió continuar con la venta de los apartamentos y, ocho meses después, en febrero, solicitaron el desalojo de los mismos.
Como se dijo, la evacuación del edificio se hizo mediante Decreto de Calamidad Pública, lo cual tiene que ver con una situación que podría causar daños a la ciudadanía, acción que, según los copropietarios, ya venció sus términos, puesto que, el plazo de la misma es de un año, límite que se cumplió el 27 de enero del presente año, pero que, hasta el momento, la Alcaldía de Rionegro no ha dado por terminada. “La Administración Municipal decretó una calamidad pública, y la Ley 1523 dice que al año termina la Calamidad Pública, es decir, en un año se tuvo que haber solucionado esa problemática”, manifiestan los Copropietarios.
Pese a que los estudios arrojados por la Universidad Nacional afirmaran que Altos del Lago presenta fallas estructurales significativas, el grupo de propietarios citados, sostiene que el reporte fue parcializado y carente de un análisis profundo y objetivo. Dicho informe fue entregado en octubre del 2017 y, un mes después, luego de que la Constructora SINCC conociera el estudio realizado por la CPIS, esta envió un comunicado, según radicado de Personería 2017011270, a la Alcaldía de Rionegro, mostrando su intención de repotenciar el edificio, así como también, solicitó el informe entregado por la CPIS -el cual debía contener 7 puntos- para proceder a realizar su propuesta de reforzamiento; no obstante, comentan, la Administración municipal no facilitó dicha documentación a la Constructora.
“La Administración Municipal lo que siempre nos decía a nosotros era que la constructora no había aparecido. Nos dimos cuenta de ese documento a través de la Personería, entonces nos presentamos a la Personería y Procuraduría y les dijimos: acá está la intención de la constructora de reforzar, le están pidiendo 7 puntos y no los han facilitado” cuentan. Por lo anterior, los propietarios se vieron en la obligación de interponer una tutela a la CPIS-según providencia 087 (025)- logrando obtener la información para el 11 de abril del presente año. Desde este momento, la Constructora SINCC se tomó dos meses para pasar su plan de reforzamiento, el cual entregó en el mes de junio.
Mesas de trabajo e informes
La primera mesa de trabajo se realizó el 30 de enero del presente año, en la cual estuvieron presentes todos los actores involucrados, excepto la constructora, la cual no asistió a la reunión debido a que la citación la recibió en una fecha posterior, 6 de febrero, según guía de Servientrega 1140837469.
El 24 de junio la Constructora presentó el estudio de patología estructural y su plan de reforzamiento, análisis que estuvo a cargo del Ingeniero Investigador José Darío Aristizábal, quien, entre otras cosas, es Especialista de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Estabilidad Estructural, y antes de comenzar con su investigación le había enviado un documento al alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, con fecha del 7 de marzo del 2018, con asunto Asesoría Altos del Lago.
“El 30 de agosto nos citan en la Personería para socializar la revisión que le hicieron al estudio presentado por el doctor Aristizábal, el estudio y el plan de reforzamiento, ellos decían que no estaban de acuerdo, que el doctor Aristizábal estaba equivocado”, cuentan los propietarios, y comentan que le expresaban a la Administración que era obvio que, si la CPIS revisaba el estudio entregado por el Ingeniero Investigador, ellos nunca lo aprobarían.
Para el 8 de septiembre, José Darío Aristizábal radicó, nuevamente, un documento para el Alcalde, con asunto Respuesta al concepto CPIS sobre la propuesta de reforzamiento del Edificio Altos del Lago, el cual contenía, además, el estudio de patología estructural y el plan de reforzamiento del edificio, y donde expresaba su inconformidad por las libres interpretaciones que se le habían dado a su informe. En dicho documento, el Ingeniero argumenta y da una contra-respuesta a lo expuesto por la entidad contratada por el municipio.
Según los copropietarios de Altos del Lago, para la Constructora y su experto en patología estructura, Ingeniero Aristizábal, “El edificio no tiene fallas estructurales. Lo que hay que hacerle al edificio es el foso del ascensor, el taco de las escaleras, hablan de una plancha de unos parqueaderos, pero no hablan de temas estructurales” dicen.
La última mesa de trabajo se realizó el pasado 3 de octubre, y en esta la Administración Municipal planteó dos propuestas: “La primera, que la Alcaldía contrate un proveedor o un contratista para que haga el plan de reforzamiento y ellos repercutan contra la Constructora (…) el constructor ha sido muy claro y dice que no va a autorizar a que se meta otro allá a dañar el edificio, cuando están dando la cara, está presentando una solución a las cosas. La segunda opción es que, si eso era muy costoso y no era viable económica ni financieramente, sería la implosión del edificio” cuentan los copropietarios.
Mantos de duda
Para los copropietarios del Edificio Altos del Lago diferentes asuntos en torno a la problemática no tienen explicación coherente, uno de ellos es por qué la Administración pagó 314 millones de pesos por un estudio de una edificación privada, más del doble de lo que cobraba la Universidad EAFIT por un estudio completo, según los dueños de los apartamentos. “Valía 110 millones de pesos con EAFIT un estudio completo. Resultó haciéndolo la Nacional, un estudio parcializado por 314 millones de pesos”.
Asimismo, el hecho de que la Administración Municipal sostenga que la estructura tiene fallas estructurales graves y permita que el Centro de Desarrollo Infantil y los habitantes de los sectores aledaños a la torre, continúen habitando y frecuentando estos sitios, es otro de los asuntos que los copropietarios no entienden.
Otras voces
Para Nicanor Marín, abogado de 43 copropietarios, manifiesta que la Administración Municipal hizo lo correcto al trasladarle a la Universidad Nacional el último informe entregado por la Constructora SINCC y su experto José Darío Aristizábal, ya que, para él, dicha institución es la indicada para determinar la idoneidad del informe. “Se lo trasladaron a quien se lo debían trasladar, que son los expertos, son los idóneos, son los peritos en el tema de cálculos estructurales y toda la patología que sufre ese edificio”.
“Lo que tenemos hoy, a ciencia cierta, gústenos o no nos guste, es que unos expertos científicos dijeron que esa Torre está en riesgo, y eso hay que creerlo, yo prefiero pecar por exceso, que no confiarme y que hayan muertos (…) aquí el municipio está haciendo lo correcto, está cuidando las vidas, eso es la orden que le dio la Procuraduría al municipio, le dijo, por favor, resuelva eso, porque el entorno cercano a la torre, incluso hay un jardín que pudiera verse afectado en un eventual desplome de esa torre”, expresa el Abogado.
Por su parte, Lucas Mesa, operador Preventivo de la Procuraduría Provincial, manifiesta que se está haciendo un acompañamiento para resolver la problemática, sin embargo, sostiene que el ente no puede ir más allá de brindar un respaldo, puesto que se estaría extralimitando en sus funciones y coadministrando.
“Es una decisión que debe tomar la Administración Municipal, porque la Procuraduría no fue quien otorgó la licencia de construcción, por ende, ellos son los que deben decidir. En caso de que se haga la repotenciación, tendrán que definir si los gastos son por cuenta de la constructora o son por cuenta de los copropietarios; es decir, ellos tendrían que llegar, necesariamente, a esa discusión y solucionarlo, pero no es un asunto en el que la Procuraduría pueda mediar ni mucho menos pueda tomar una decisión de fondo y ordenar a la Administración Municipal o algún particular que haga o deje de hacer”, manifiesta el Operador Preventivo.
Desde la Administración Municipal, el Subsecretario de Prevención del Riesgo, Cristian Ospina, comenta que, en este momento, lo que se busca es que un profesional en la materia determine cuál es el procedimiento que se debe seguir con el edificio, bien sea para repotenciarlo o para implosionarlo, y los costos de cada intervención.
En cuanto al tema de la calamidad pública, dice que “el marco de la calamidad no ha terminado, precisamente, porque no ha habido un acogimiento por parte de la constructora, real, y este caso es diferente a los demás casos, porque este es el único caso en Colombia donde se determinó la falla de un edificio antes de que fallara, no había evidencias físicas reales de la falla”.
Por último, asegura que el edificio ha tenido un comportamiento estable, puesto que ha sido evaluado mediante un registro constante por parte de ingenieros, quienes realizan una bitácora de la edificación y van dejando un archivo que permite contemplar la evolución de la misma.
