Hay ocasiones en que la capacidad de asombro llega al límite y despierta indignación y eso, precisamente eso, es lo que sucede cuando se destapa un posible caso de corrupción, esta vez en el Municipio de El Peñol en la Administración de José Cirilo Henao Jaramillo.
Informe de la Contraloría General de Antioquia
“De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, sobre daño patrimonial al Estado, expone que este consiste fundamentalmente en una lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales del Estado”.
“Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público”.
Así comienza el informe de la Contraloría General de Antioquia sobre la investigación realizada al Convenio No. 21 del 18 de agosto del 2016, donde se concluyó: “La no comprobación de entrega de elementos a los beneficiarios, cambio del objeto del contrato y, se ignoran los estudios previos”.
“Convenio 21 del 16 de agosto del 2016, celebrado entre: MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL PEÑOLENSE, en el cual se presentan gastos no permitidos por la normatividad colombiana bajo la responsabilidad del Alcalde Municipal JOSÉ CIRILO HENAO JARAMILLO, la Directora de Desarrollo Comunitario MARTHA LUCIA ZULUAGA USME, como Supervisora de este Convenio y la Tesorera LUZ MARINA SALAZAR MONTES, todo por la suma de $47.000.000”. Concluye el informe de auditoría de la Contraloría General de Antioquia.
Con estas conclusiones de la Contralora Auxiliar y Auditora Delegada, Diana Carolina Torres García, compulsó copias a Responsabilidad Fiscal, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que se abrieran procesos fiscales, disciplinarios y penales en contra de los involucrados.
Que es la Corporación Ambiental Peñolense
Según el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyá actividad principal es: “Gestionar, ejecutar y evaluar proyectos proyectos para el desarrollo ambiental sostenible y prestar servicios a entidades públicas, privadas y comunidad en general.” Sus activos tienen un monto total de $600.000, seiscientos mil pesos y que la “ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA ALCALDÍA MUNICIPAL”. Y aparecen Yeisón Grajales Sánchez como Presidente y María Natalia Bedoya Marín como Secretaria, quienes son, a su vez, miembros de la administración municipal y funcionarios del municipio, además de firmantes de varios convenios otros contratos como el Convenio 21 cuestionado por la Contraloría General de Antioquia.
Surge una pregunta adicional, mirando la certificación de la Cámara de Comercio: Si el municipio es la entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre la Corporación Ambientalista Peñolense, no se constituye en juez y parte al firmar convenios con esta entidad?
Un segundo caso
Existe un recibo de caja menor, elaborado a mano, en el que “La Alcaldía de El Peñol” recibe, el día 7 de octubre del 2016, de parte de la Señora Marcela Morales, Presidenta de la Acción Comunal de El Salto, la suma de diez millones de pesos para “Tribuna y mantenimiento de la placa de la Vereda El Salto”.
El recibo lo firma la señora Leila González, que es la Secretaria Privada del Alcalde Cirilo. Sin embargo, el 5 de mayo del 2017, siete meses después, la señora Luz Marina Salazar Montes, la misma tesorera que aparece en el Informe de Auditoria de la Contraloría General de Antioquia, informa a través de una carta dirigida al Concejal German Salazar Giraldo que: “Atendiendo a su solicitud, me permito manifestarle que hasta la fecha, en la Tesorería Municipal no se ha tenido ingreso alguno”, al confirmar esta información con la Tesorera Municipal, nos contestó enfáticamente que: “Yo no he recibido aporte alguno por diez millones de pesos por parte del Alcalde o de otro funcionario como aporte al ningún proyecto”.
En entrevista con la Presidenta de la J.A.C. de la Vereda El Salto, la señora Marcela Morales, confirmó que: “Toda la comunidad estuvimos de acuerdo para que nos hicieran unas obras, nos arreglaran la cancha, nos hicieran unas tribunas, nos adecuaran la placa que estaba en muy mal estado”.
Y continua diciendo: “La plata se la entregamos a la señora Leila, ellas nos la recibió a nombre del Alcalde para poder sacar el convenio”.
¿Por qué funcionarios de la Alcaldía reciben plata en efectivo, de parte de los lideres veredales? y ¿por qué no han entrado a los fondos del Municipio? una respuesta que tendrán que darle a los Entes de Control.
Patrimonio público ¿En venta?
En meses anteriores El Oriente publicó un informe que daba cuenta de los proyectos de acuerdo presentados por el Alcalde Cirilo y en los cuales pretendía autorización de la Duma Municipal para vender todas las tierras entregadas en compensación al Municipio por parte de EPM.
Esos proyectos fueron retirados por el Alcalde una vez se conocieron las denuncias. Sin embargo, las pretensiones de privatizar el patrimonio colectivo parece sigue siendo una prioridad para la Administración municipal, tal y como lo demuestra el Acuerdo 10 del 2017 y que fue votado positivamente por la mayoría de Concejales.
Acuerdo 10 del 2017
Con el cual se desafecta el: “Uso público y destinación de las zonas verdes, espacios públicos, zonas comunes en urbanizaciones, que son propiedad del Municipio”. En otras palabras, se privatizaría el patrimonio colectivo de los habitantes de El Peñol.
Más grave aún, sin que este Acuerdo haya sido reglamentado y fuera aprobado por el Concejo Municipal, ya se le otorgó “Licencia de Construcción” al Concejal Néstor Hincapié, quien invadió la zona verde aledaña a su residencia que utilizó como parqueadero por algún tiempo, pero que ahora, con “Licencia de Planeación Municipal”, pretende vaciarle plancha.
Nueva Estratificación
Existe una enorme preocupación en la comunidad por la intensión del Alcalde de cambiar el estrato en el que se encuentra la mayoría de la población, que es el estrato 2 desde que EPM entregó las viviendas a la comunidad en el nuevo peñol.
“Esa estratificación acaba con la economía del Municipio y con la posibilidad de estudio en una universidad para los jóvenes, porque el estrato ayuda mucho. Lo más preocupante es que el alcalde puede hacer, según la Ley 141, en el artículo 101, esa estratificación por decreto”. Dice la Concejal Sandra Duque.
Para él Concejal Gustavo Giraldo: “El alcalde está promoviendo inconsultamente esa estratificación, nos enteramos por el Secretario de Planeación, nombró a dedo dos personas, una del campo y otra de la zona urbana, que no tienen conocimientos técnicos del tema”.
Vale recordar que la Ley 141 es muy clara en el nombramiento de ese comité, cuando dice: “Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación”.
Estas denuncias que ya están en conocimiento de los entes de control, dan cuenta de posibles casos de corrupción en esta localidad de la zona de Embalses.
Por:
Oscar Castaño Valencia
