Habitantes cuestionan la reubicación de la caseta, denuncian falta de espacios de concertación y advierten sobre las afectaciones económicas y ambientales que podría generar el proyecto.
El traslado del peaje de Santa Elena, conocido en la región como el peaje de Sajonia, hacia la vereda San Ignacio, en jurisdicción de Guarne, ha generado inconformidad entre habitantes del sector, quienes reclaman mayor participación en las decisiones y claridad sobre las consecuencias de la iniciativa.
La propuesta busca responder a solicitudes de comunidades de sectores rurales de Rionegro, afectadas por el tránsito de vehículos que utilizan vías alternas para evitar el cobro. Sin embargo, la reubicación también ha despertado cuestionamientos por las posibles afectaciones ambientales y económicas, así como por la falta de diálogo con los habitantes de Guarne.
Uno de los principales reclamos de la comunidad es que, según sus voceros, no se han convocado mesas de concertación que permitan discutir las preocupaciones y evaluar alternativas. Además, aseguran que los intentos de diálogo se han visto obstaculizados y que, mientras otros sectores afectados han sostenido reuniones con la Gobernación de Antioquia y la concesión, en Guarne no han tenido ese mismo acercamiento.
“Guarne no nos ha dado la cara a la comunidad y no hemos tenido un diálogo con las personas de la concesión. Nos quieren poner a pagar un peaje al salir de la casa”, expresan habitantes inconformes con el proyecto.
A estas preocupaciones se suman los cuestionamientos por la intervención de árboles en el terreno destinado a la nueva caseta. La discusión ambiental tomó relevancia tras la suspensión preventiva de las labores de tala y la controversia alrededor del permiso de aprovechamiento forestal, situación que requiere seguimiento a las decisiones de Cornare.
Para los residentes, el problema no se limita a la ubicación de la infraestructura, sino también a las consecuencias que podría tener sobre sus desplazamientos cotidianos y su economía. Por ello, solicitan que las autoridades expliquen las condiciones del proyecto y garanticen espacios efectivos de participación antes de avanzar.
El futuro del traslado dependerá de las decisiones administrativas y ambientales correspondientes, así como de la respuesta institucional a las inquietudes planteadas. Mientras tanto, la comunidad insiste en que cualquier intervención debe considerar a quienes habitan el territorio y garantizar un diálogo transparente.
La controversia deja una pregunta central: ¿cómo avanzar en los proyectos de infraestructura sin desconocer las preocupaciones de las comunidades directamente afectadas?
